Santo Domingo.- La recién aprobada ley de responsabilidad fiscal restringe el aumento del gasto público primario a no superar el 7% anual, al imponer un límite de crecimiento de un 3% más la tasa de inflación esperada para el año, detalló el Ministro de Hacienda, Jochi Vicente.
De acuerdo con las proyecciones compartidas, se espera que para 2035 la relación deuda/PIB se sitúe por debajo del 40%, manifestó el funcionario en su intervención del lunes, durante la primera conferencia de prensa semanal encabezada por el presidente Luis Abinader, en su segundo año de gestión.
Una de las metas de la actual administración es obtener el grado de inversión para el país, lo cual se traduciría en la creación de empleos de mayor calidad. Una ley clave para alcanzar esta meta es la recién promulgada, que establece directrices precisas para el manejo del gasto público y, por ende, de la deuda, explicó el ministro.
La normativa fija un límite al aumento del gasto público primario del Gobierno en un 3% más la inflación proyectada, o sea, un 7%, “lo que nos fuerza como Gobierno a ser muy selectivos en nuestros gastos. Se terminaron los derroches,” añadió el ministro.
En cuanto a la inversión, esta regla es significativa ya que, si bien la deuda del país “no es excesivamente grande”, “los intereses representan un porcentaje elevado de los ingresos”, destinándose veintidós pesos de cada cien al pago de intereses de la deuda, lo que no contribuye al bienestar de la población, señaló el funcionario.
La única solución es “crear un margen fiscal que permita que la deuda crezca a un ritmo menor que la economía”, lo que se logra “gastando un poco menos, en términos porcentuales, de lo que se ha estado haciendo”.
Esta regla “introduce una disciplina sobre el crecimiento del gasto y la deuda, aportando previsibilidad y seguridad sobre el manejo futuro de estos”, evitando incrementos excesivos en el gasto.
Se considera que pueden ocurrir eventos extraordinarios, dijo Vicente, citando como ejemplo la pandemia de covid-19. Por esto, la ley contempla excepciones, aunque son muy específicas, como en el caso de una catástrofe natural que suponga gastos superiores al 0.3% del PIB.
En estas situaciones, el Gobierno puede pausar la aplicación de la ley, atendiendo las necesidades emergentes, pero con el compromiso de retomar la disciplina fiscal en los siguientes tres años para recuperar el equilibrio, aclara Vicente.
Si se anticipa un crecimiento económico inferior al 1%, la política fiscal debe ajustarse a esta realidad, manteniendo el objetivo de no sobrepasar el 40% del PIB de deuda en 2035.
Abinader subrayó la importancia de la Ley de responsabilidad fiscal, mencionando que “establece reglas claras para el manejo del gasto público” y representa “un avance en transparencia para el país, ya que hasta su promulgación, la República Dominicana no disponía de un marco explícito de reglas fiscales para la gestión de las finanzas públicas”.
La ley presupone que “el Gobierno disminuirá la acumulación de deuda y tendrá un marco adecuado para organizar la política fiscal, brindando mayor predictibilidad y confianza”, concluyó.
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