La defensa del exsubdirector administrativo de la Procuraduría General de la República (PGR), Alfredo Alexander Solano, consideró que el juicio por el caso Medusa es innecesario y solicitó la extinción del proceso, pues han pasado casi seis años sin que exista una sentencia definitiva. El abogado Manuel Sierra explicó que las defensas han solicitado repetidamente la extinción, fundamentándose en lo establecido por la legislación dominicana, el Código Procesal Penal y en decisiones del Tribunal Constitucional sobre la duración de los procesos.
El proceso se prolonga más de lo razonable
Sierra afirmó que, aun en caso de que el juicio continúe, el proceso podría alcanzar los siete años antes de obtener una sentencia en primera instancia. Además, habría que sumar el tiempo de posibles recursos ante la Corte de Apelación y la Suprema Corte de Justicia, lo que podría llevar a una decisión definitiva en ocho o nueve años.
Cuestiones sobre la acusación y testimonio
El abogado cuestionó la acusación presentada contra los imputados, señalando que no individualiza adecuadamente la participación de cada uno en los hechos investigados. Reiteró que el Ministerio Público debió precisar qué hizo cada imputado y establecer las circunstancias de tiempo, modo y espacio en las que supuestamente ocurrieron los hechos.
Asimismo, Sierra puso en duda la incorporación de un testigo que, según él, había sido señalado previamente en España como una persona con un papel principal en los hechos investigados y que ahora se presenta como testigo clave del Ministerio Público. Alegó que durante diligencias realizadas en España mediante mecanismos de cooperación internacional se practicaron interrogatorios, auditorías y peritajes sin que las defensas fueran informadas oportunamente, lo que debe analizarse a la luz del carácter acusatorio y adversarial del proceso penal dominicano.
Impacto del prolongado proceso
El abogado insistió en que la prolongación del proceso sin una sentencia definitiva convierte el juicio en una carga innecesaria para los imputados y reiteró que la extinción es una de las principales solicitudes que deberá ser considerada dentro de las peticiones formuladas por las defensas. También señaló que la insistencia del Ministerio Público en mantener el proceso podría generar responsabilidades para el Estado dominicano.
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