El Ejecutivo ha activado un protocolo destinado a poner fin a las invasiones y ocupaciones irregulares de terrenos asignados en los proyectos de Reforma Agraria, según anunció la Presidencia este martes. El objetivo principal es restaurar la seguridad jurídica de miles de productores en todo el país, según indicó el mandatario.
Alcance y mecanismo del plan
El plan contempla un levantamiento que definirá una “ruta crítica” de intervención legal, técnica y operativa en los distintos puntos donde los parceleros se han visto afectados. Entre las localidades incluidas están Mogollón (San Juan de la Maguana), Villa Riva (Duarte), Montecristi, Monte Plata y Villa Altagracia (San Cristóbal). Se busca establecer un marco claro para la regularización y titulación definitiva de las parcelas.
Coordinación interinstitucional
El protocolo fue coordinado tras una reunión en el Ministerio de Agricultura, encabezada por el ministro de Justicia, Antoliano Peralta, y el ministro de Agricultura, Francisco Oliviero Espaillat. Se contó también con la presencia del director general del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Darío Castillo Lugo, y representantes de las principales organizaciones campesinas.
Denuncias de las organizaciones campesinas
Los representantes campesinos denunciaron que personas “desaparecientes” recurren a artimañas, incluyendo supuestos abogados y alegados padrinazgos de civiles, policías y militares, para desplazar a los legítimos propietarios. Estas prácticas, según los líderes, amenazan la estabilidad productiva, el patrimonio de los agricultores y generan conflictos que “pueden poner en riesgo su integridad física y hasta sus vidas”.
Comisión técnica y seguimiento
Bajo el nuevo plan, se formará una comisión técnica interinstitucional encargada de documentar los casos, evaluar su situación jurídica y territorial y recomendar las actuaciones correspondientes. La comisión incluirá participación de Justicia, Agricultura e IAD, y contará con la colaboración de las organizaciones campesinas.
Garantía del debido proceso
El ministro de Justicia enfatizó que, respetando el debido proceso, se articularán los mecanismos legales para enfrentar las situaciones, garantizar los derechos de los productores y preservar los terrenos destinados por el Estado al desarrollo agrícola. El ministro de Agricultura destacó que la seguridad sobre las tierras constituye también una defensa de la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria nacional.
Perspectiva de futuro
El Gobierno señala que el protocolo contempla mecanismos de seguimiento que permitirán prevenir nuevas afectaciones. El objetivo es asegurar que los terrenos cumplan con el propósito para el cual fueron destinados: producir alimentos y generar bienestar en el campo dominicano.
Créditos de la fuente: n.com.do
