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El canciller dominicano, Roberto Álvarez, afirmó en una declaración a EFE que las deportaciones de ciudadanos haitianos continuarán y que el gobierno no planea establecer campamentos de refugiados para ellos. Estas declaraciones se dieron después de su participación en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU enfocada en Haití.
Álvarez expresó que la República Dominicana está sobrepasada por el flujo diario de haitianos que entran al país, calificando la situación como insostenible.
Recientemente, Amnistía Internacional instó al gobierno dominicano a detener las deportaciones debido a la grave crisis de seguridad en Haití. Esta solicitud está alineada con las recomendaciones de la Organización Internacional de Migraciones y la Agencia de la ONU para los Refugiados.
Amnistía Internacional y deportación
El ministro de relaciones exteriores admitió estar al tanto de la solicitud de Amnistía Internacional, pero afirmó que las deportaciones continuarán. Señaló que otros países, como Estados Unidos (aunque no lo mencionó directamente), también llevan a cabo deportaciones similares.
Recientemente, las autoridades de Haití informaron que aproximadamente 24,000 haitianos fueron deportados desde el inicio del año hasta mediados de marzo, según reportes de CNN.
Álvarez, en declaraciones a la agencia EFE, describió a su nación como un polo de atracción para los haitianos debido a su posición como la séptima economía más grande de América, contrastando con la pobreza de Haití. Subrayó que muchos haitianos viven legalmente en su país sin problemas, pero enfatizó que la República Dominicana no puede permitir una entrada descontrolada de inmigrantes.
Rechazó rotundamente la idea de establecer campos de refugiados para ellos, argumentando que la duración promedio de dichos campos a nivel mundial es de una década o más.
Más sanciones sobre Haití
Durante una reciente sesión del consejo, el canciller instó a la comunidad internacional a adoptar medidas más firmes en cuanto a las sanciones impuestas a Haití, criticando que solo se han sancionado a cuatro criminales notorios sin identificar a los verdaderos instigadores de la violencia extendida.
También solicitó un cumplimiento más estricto del embargo de armas y municiones, indicando que no se está respetando adecuadamente. Recordó que la República Dominicana no produce ni importa armas, por lo que rechaza cualquier responsabilidad sobre la proliferación de armamento ilegal en Haití, que está en manos de bandas criminales.
Consecuencias de estas deportaciones
La expulsión en gran escala de haitianos por la República Dominicana ha repercutido profundamente en las relaciones bilaterales.
Durante el año 2023, se registró la deportación de 497,692 ciudadanos haitianos, marcando un incremento del 42.2% respecto al año previo, estas acciones, junto con el cierre de fronteras, han intensificado las tensiones y alterado la relación entre ambas naciones.
Además, la orden de cierre fronterizo emitida por el presidente Luis Abinader en septiembre de 2023 resultó en un aumento significativo de haitianos que optaron por regresar a su país, a esto se suman las denuncias de organizaciones como Human Rights Watch sobre detenciones que presuntamente se basan en perfiles étnicos y condiciones inadecuadas, lo que ha incrementado la presión sobre esta problemática.
Por su parte, la República Dominicana ha declarado que no tiene parte en la fabricación o importación de armamento, desligándose de cualquier implicación en la difusión de armas ilegales en Haití, mismas que están en posesión de grupos delictivos. Este alegato se da en un contexto donde se ha solicitado a la comunidad internacional una postura más contundente respecto a las sanciones contra Haití y una mayor rigurosidad en la aplicación del embargo de armas y municiones.
En conjunto, la política de deportaciones y la gestión migratoria dominicana han generado desconfianza y exacerbado las fricciones preexistentes, lo que podría repercutir de manera prolongada en el vínculo bilateral de estos países vecinos.
