El Secretariado del Partido Comunista del Trabajo (PCT) rechazó con vehemencia la sentencia núm. 0030-1643-2025, dictada el 20 de noviembre por el Tribunal Superior Administrativo. Esta decisión busca arrebatarle al Estado dominicano más de 28 millones de metros cuadrados dentro del Parque Nacional Jaragua, un área protegida clave en Pedernales.
Atentado al patrimonio nacional
El PCT describió la resolución como un “atraco al país”, atribuible a fallas en el sistema jurídico que protegen intereses privados por encima del bien común. El Parque Nacional Jaragua, creado en 1983 por decreto presidencial, abarca 1.375 km² de biodiversidad marina y terrestre, incluyendo bahías y cayos vitales para la ecología dominicana. Ceder estos terrenos equivaldría a socavar un pilar del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), que resguarda el 25% del territorio nacional según datos del Ministerio de Medio Ambiente.
Implicaciones jurídicas y políticas del caso
Requisitos constitucionales ignorados
Desde el ámbito legal, el PCT argumenta que modificar límites de un parque nacional exige una ley aprobada por dos tercios del Congreso, conforme al artículo 112 de la Constitución. Esta norma orgánica impide cambios unilaterales por tribunales. El partido urge acciones contra los jueces emisores y beneficiarios, recordando precedentes como intentos fallidos de privatización en Bahía de las Águilas, zona adyacente al Parque Nacional Jaragua.
Riesgos históricos y ambientales
El conflicto trasciende lo judicial: podría reabrir reclamos sobre bienes confiscados en la era trujillista, alimentando narrativas revisionistas. Ambientalmente, el Parque Nacional Jaragua alberga especies endémicas y manglares que mitigan el cambio climático. Su pérdida aceleraría la deforestación, que ya afecta el 40% de áreas protegidas en República Dominicana, per datos de la ONU de 2024.
- Superficie en disputa: Más de 28 millones de m².
- Fecha de sentencia: 20 de noviembre de 2025.
- Protección legal: Ley orgánica y artículo 112 constitucional.
El PCT convoca a ambientalistas, académicos y ciudadanos a movilizarse por la defensa del Parque Nacional Jaragua. Esta batalla subraya la fragilidad de la soberanía ambiental frente a presiones empresariales. Proteger el Parque Nacional Jaragua no es solo legal, sino un imperativo para las futuras generaciones.
