El megaclientelismo volvió a colocarse en el centro del debate político dominicano tras una columna que acusa al oficialismo de usar el gasto público con fines electorales. La pieza sostiene que el presupuesto de 2026, las pensiones, los subsidios sociales y la publicidad estatal estarían siendo empleados para consolidar apoyo político de cara a los próximos comicios.
La denuncia, firmada por José Francisco Peña Guaba, afirma que el país arrastra una cultura de clientelismo histórico, pero que en la actualidad el fenómeno habría escalado a una dimensión mayor. Según el texto, el Presupuesto General del Estado para 2026 asigna apenas un poco más de 11% a inversión de capital, con RD$215,284 millones de un total aprobado de RD$1.841 billones.
Megaclientelismo, subsidios y control electoral
El señalamiento principal gira en torno a la supuesta utilización de programas sociales como mecanismo de fidelización política. La columna cita a Supérate, con 14 componentes y 1,555,355 beneficiarios, además de RD$51,400 millones presupuestados para 2026. También menciona las pensiones solidarias, a las que atribuye RD$4,479 millones, y cuestiona que parte de sus receptores no figuren en los mapas de pobreza del SIUBEN.
En paralelo, el autor afirma que el gasto en pensiones y jubilaciones pasó de RD$43,349 millones en 2020 a RD$101,860 millones en seis años. Ese salto, dice, reflejaría un esquema de asignaciones discrecionales con efectos electorales. Aunque la columna no aporta documentación oficial adicional, sí coincide con una preocupación recurrente en el debate público: la frontera difusa entre política social y uso partidario de recursos estatales.
Megaclientelismo y compra de votos
La publicación también cita un diagnóstico atribuido a Participación Ciudadana, según el cual a un millón de votantes se les compra el voto en el país, una de las tasas más altas de la región. Ese dato, de confirmarse y actualizarse con metodologías comparables, reforzaría la alarma sobre la debilidad institucional del sistema electoral.
La columna agrega que el gobierno dispone de RD$12 mil millones para publicidad, monto que, según el texto, se emplea para sostener apoyos mediáticos y construir percepciones favorables. En periodos preelectorales, ese tipo de gasto suele ser observado por organismos de control y por la oposición debido al impacto que puede tener en la competencia democrática.
Megaclientelismo y abstención
Otro punto del análisis es la abstención. El texto asegura que las elecciones recientes registraron una participación inusualmente baja, cercana al 45% de no asistencia, y relaciona ese comportamiento con el desgaste de la confianza ciudadana. En República Dominicana, la abstención ha sido un indicador sensible en varias contiendas, sobre todo cuando el electorado percibe que el resultado está condicionado por el dinero público o por maquinarias partidarias.
El debate no se limita a una acusación política: pone sobre la mesa la necesidad de revisar cómo se asignan subsidios, pensiones y publicidad oficial en un año electoral.
Megaclientelismo y control institucional
Más allá del tono de la columna, el trasfondo es claro: el uso del presupuesto como herramienta de poder erosiona la confianza en las instituciones. Organismos de transparencia y observadores electorales suelen insistir en que la supervisión debe concentrarse en los programas sociales, las contrataciones de publicidad y las asignaciones extraordinarias del Estado.
Si las denuncias encuentran respaldo en auditorías, reportes oficiales o decisiones de los órganos de control, el caso podría convertirse en un tema central del ciclo político que se aproxima. Por ahora, el mensaje dominante es una advertencia: megaclientelismo, gasto discrecional y presión electoral siguen siendo riesgos reales para la competencia democrática en República Dominicana.
