La indexación salarial vuelve al centro del debate económico y político en la República Dominicana. El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, advirtió que aplicar la indexación salarial contemplada en la ley para exonerar de impuestos a los salarios bajos supondría un golpe fiscal de aproximadamente RD$25,000 millones anuales, una cifra significativa en el contexto actual, donde el Estado busca incrementar sus ingresos.
Según Díaz, el impacto de la indexación salarial haría que el Gobierno deje de percibir recursos clave justo en un momento de presión financiera. Actualmente, la ley establece que los salarios hasta RD$34,685 mensuales en 2024 quedan exentos del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Sin embargo, la ley también exige un ajuste automático por inflación que no se aplica desde 2017, hecho que ha erosionado el poder adquisitivo de los trabajadores y aumentado la carga tributaria sobre salarios que originalmente debían estar exentos.
Contexto histórico y presión política
El senador Omar Fernández, del Distrito Nacional, presentó ante el Congreso una resolución que solicita al presidente ordenar a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) actualizar el umbral del ISR a RD$52,000 pesos mensuales, conforme la inflación acumulada. La iniciativa se produce en un entorno en el que la oposición política exige el cumplimiento de la indexación desde hace años, mientras el oficialismo advierte de los riesgos para la estabilidad financiera y la gobernabilidad fiscal.
Apoyo sindical a la indexación salarial
Las principales confederaciones sindicales dominicanas respaldan la implementación de la indexación salarial. Gabriel del Río, presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), y Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), insisten en que es injusto y contrario a la ley que los salarios más bajos continúen tributando como si la inflación no existiera. “No es posible que un sector trabajador que gana poco se le descuente de más”, explicó Del Río. Para Abreu, es un deber del Estado generar condiciones para la mejora real del ingreso familiar.
Debate abierto: impacto fiscal y debate legislativo
El Ministerio de Hacienda ha reiterado su disposición al diálogo, aunque remarca que cualquier acuerdo sobre la indexación salarial debe estar inserto en una reforma fiscal integral que no comprometa la estabilidad macroeconómica. En la última década, el debate sobre la indexación salarial ha surgido recurrentemente, pero siempre ha estado detenido por el costo fiscal y la carencia de consensos amplios.
- La última actualización por inflación se aplicó en 2017, dejando a millones de dominicanos sujetos a un régimen tributario desactualizado.
- La República Dominicana mantiene una de las presiones fiscales más bajas de América Latina, con desafíos persistentes en recaudación y capacidad estatal (ver datos aquí).
¿Qué sigue en el debate de la indexación salarial?
La reactivación del debate parlamentario y sindical coloca la indexación salarial como un tema central para las políticas de equidad en la República Dominicana. El Gobierno enfrenta el reto de equilibrar estabilidad fiscal y justicia tributaria, mientras crecen las demandas sociales y se requiere confianza en las instituciones. Todo ello mantendrá la indexación salarial en la agenda pública y política durante los próximos meses.
