República Dominicana encara un dilema crucial en el litigio por el vertedero de Duquesa. Debe apelar la reciente sentencia de un tribunal en Estados Unidos o asumir el pago de US$44 millones dictados en un laudo arbitral a favor de la empresa Lajun S.A., según fuentes cercanas al caso manejado por el Ministerio de Industria y Comercio.
Origen de la disputa por el vertedero de Duquesa
La controversia arranca en 2007, cuando un municipio contrató a Lajun Corp. SRL para operar el vertedero de Duquesa en Santo Domingo Norte. En 2013, el empresario jamaicano-canadiense Michael Lee-Chin, presidente de Portland Holdings Inc., adquirió el 90% de la compañía y parte del terreno. La relación se rompió en 2017: el gobierno de República Dominicana rescindió el contrato por presuntos incumplimientos ambientales y administrativos, tomando control de las instalaciones.
Laudo arbitral y batalla en tribunales internacionales
Lee-Chin demandó en 2018 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, invocando el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana y Caricom. Pidió más de US$300 millones, pero el tribunal arbitral otorgó inicialmente US$400 millones, reducidos luego a US$44 millones. El Tribunal Superior Administrativo (TSA) de República Dominicana, bajo el exministro Francisco Domínguez Brito de Medio Ambiente, anuló el contrato y multó a Lajun, pero el arbitraje internacional revirtió la decisión.
Última ventana: la apelación en Estados Unidos
El 31 de marzo, la jueza federal Colleen Kollar-Kotelly confirmó el laudo arbitral, desestimando la nulidad solicitada por abogados dominicanos. Fuentes indican que República Dominicana tiene abierto el plazo para apelar esta sentencia. Sin apelación, deberá cumplir el fallo del tribunal arbitral. El Ministerio de Justicia enfrenta el reto de prevenir futuras disputas similares en contrataciones públicas.
- 2007: Contrato inicial con Lajun para vertedero de Duquesa.
- 2017: Rescisión por el gobierno de República Dominicana.
- 2018: Demanda en CIADI por Lee-Chin.
- 2026: Confirmación judicial en EE.UU., con opción de apelación.
Este caso expone vulnerabilidades en acuerdos con inversionistas extranjeros y resalta la necesidad de cláusulas sólidas. República Dominicana evalúa sus pasos mientras el plazo para la apelación corre, en una saga legal que suma casi una década y cuestiona la gestión de recursos ambientales clave.
