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Caso Camaleón: Ministerio Público insiste en pagos fraudulentos del Intrant a Transcore Latam

El Ministerio Público ratificó ante el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional la existencia de pagos fraudulentos del Intrant a Transcore Latam. Esta empresa, controlada por José Ángel Gómez Canaán, alias Jochi Gómez, recibió fondos millonarios por servicios inexistentes o sobrevalorados del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

Contratos irregulares y maniobras fraudulentas

La investigación revela que Transcore Latam S.R.L. usó testaferros para adjudicarse un contrato de modernización semafórica en el Gran Santo Domingo, firmado el 19 de junio de 2023. Se manipuló el pliego de condiciones con documentos falsos para favorecerla, ignorando advertencias de la matriz Transcore sobre uso indebido de credenciales técnicas. Esto incluyó siete irregularidades, como modificaciones al Plan Operativo Anual del Intrant y sustitución de equipos por componentes inferiores.

Imputados y empresas involucradas

Entre los acusados destacan Hugo Beras, exdirector del Intrant; Jochi Gómez, dueño de Aurix S.A.S.; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado de Control de Tráfico; y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología. Otros son Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Juan Francisco Álvarez Carbuccia y Carlos José Peguero Vargas, más Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.

  • Empresas imputadas: Transcore Latam S.R.L., Aurix S.A.S., Inprosol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.
  • Delitos: estafa agravada, lavado de activos, corrupción, sabotaje a infraestructuras críticas y terrorismo.

Consecuencias del colapso semafórico

Aurix S.A.S., ligada a Gómez, tuvo controles remotos sobre la red semafórica, lo que derivó en su colapso en agosto de 2024 tras suspenderse el contrato irregular. Implicados adquirieron bienes de lujo con fondos desviados; Inprosol reportó compras por RD$7.8 millones, con ventas a Transcore Latam por 49% del total, configurando lavado. El Estado pide indemnización de RD$12,707.8 millones por daños durante la gestión de Beras (2022-2023).

Contexto de la Operación Camaleón

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) documentó líneas delictivas vía Intrant y Ministerio de Defensa, incluyendo contrabando y falsificación. El expediente de 304 páginas detalla adjudicaciones irregulares que violaron la Ley de Contrataciones Públicas. Los implicados enfrentan audiencia preliminar por fraude y terrorismo.

Este esquema expone vulnerabilidades en contrataciones públicas. El Ministerio Público busca recuperar activos y procesar a todos por pagos fraudulentos del Intrant a Transcore Latam, reafirmando la gravedad del caso Camaleón.

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