Santo Domingo.- El deseado grado de inversión, que es un objetivo gubernamental y sobre el que se ha afirmado trabajarse intensamente, parece alejarse aún más tras la pausa indefinida del proyecto de Ley de Modernización Fiscal.
A comienzos de 2022, Jochi Vicente, ministro de Hacienda, declaraba que el Ejecutivo se esforzaba por alcanzar ese nivel de inversión, proyectando que podría lograrse en una década con la implementación de la Ley de Responsabilidad Fiscal y la Ley de Modernización Fiscal, siendo esta última un fracaso.
Obtener el Grado de Inversión es vital para que la nación acceda a financiación internacional más asequible y en condiciones favorables, dadas las altas tasas de interés que actualmente enfrenta.
Luis Abinader, el presidente, al anunciar la retirada del proyecto de Ley de Modernización Fiscal de la agenda del Congreso Nacional por el rechazo generalizado de todos los sectores, admitió que sería necesario replantear los planes de desarrollo previstos y buscar nuevas soluciones “aceptables”.
Tras el anuncio del presidente sobre la suspensión del proyecto, que pretendía incrementar la recaudación fiscal en unos RD$122 mil millones, los bonos dominicanos experimentaron una caída en el mercado internacional, bajo la atenta mirada de agencias calificadoras e inversores globales.
Para alcanzar el Grado de Inversión, que se logra cuando una nación recibe una calificación de BBB por parte de agencias de riesgo, son necesarias reformas institucionales para mejorar la eficiencia del Estado, así como reformas fiscales que incrementen sus ingresos, garantizando sostenibilidad financiera y un manejo adecuado de la deuda.
En agosto de este año, un informe del Banco Central titulado “República Dominicana: avances económicos y perspectivas de grado de inversión”, firmado por Elisa Vilorio de Painter y Julio Andújar Scheker, argumentaba que, de continuar con las reformas pendientes y el fortalecimiento institucional, el país progresaría hacia el ansiado Grado de Inversión.
Este informe señalaba que a finales de 2022, Standard and Poor’s (S&P) dio al país una calificación BB con perspectiva estable, ubicándolo a solo dos escalones del codiciado nivel de inversión.
Un año después, Moody’s mejoró la perspectiva de la deuda dominicana de estable a positiva, sugiriendo que el país estaba en el camino correcto, y que una reforma fiscal efectiva, aunque no forzosamente en los términos propuestos por el Gobierno, sería esencial para aumentar los ingresos.
Abinader subrayó la baja recaudación y el reducido gasto público dominicano, resaltando la necesidad de incrementar este último para mejorar los servicios estatales, lo cual requiere de recursos.
Lograr el Grado de Inversión pronto era crucial, ya que permitiría al país asegurar préstamos bajo mejores términos y, junto con las reestructuraciones de la deuda realizadas por el Ministerio de Hacienda, encaminar a la nación hacia el desarrollo.
Una publicación del Fondo Monetario Internacional de julio de 2024, redactada por Emilio Fernandez-Corugedo, Pamela Madrid y Frank Fuentes, indicaba que una reforma tributaria integral facilitaría al país el aumento de sus ingresos y la obtención del grado de inversión.
“Cambios en la tributación y otras políticas económicas podrían permitir a la economía, ya en crecimiento acelerado, alcanzar su máximo potencial”, mencionaba el FMI, resaltando las mejoras en las calificaciones ya logradas.
“El elevado nivel de deuda pública (o los pagos de intereses) comparado con ingresos tributarios bajos —lo que se identifica como asequibilidad de la deuda— constituye un riesgo significativo que limita la calificación crediticia y contribuye a tasas de interés elevadas”, precisaron los expertos del FMI. Esta situación se convierte en un factor limitante para la ejecución del Presupuesto, dado a los múltiples préstamos adquiridos bajo condiciones no ventajosas.
Para 2024, solo en concepto de “Servicio de la Deuda”, que incluye los pagos que el país debe realizar a los organismos de los que ha tomado préstamos, se deberán destinar RD$294,634 millones.
Esta cantidad representa un 21.18% del presupuesto para 2024. Hasta la fecha, ya se han pagado RD$230,255 millones.
Para 2025, el Estado deberá asignar aproximadamente RD$301,906 millones al pago de intereses de la deuda, lo que representará un 23.1% del Presupuesto General del Estado para ese año.
Los altos costos de los intereses de la deuda, año tras año, comprometen seriamente el presupuesto del Estado, limitando su capacidad para redistribuir recursos hacia otras áreas o realizar inversiones de capital.
Es importante señalar que el nivel actual de endeudamiento se debe también a la necesidad de cubrir los gastos del Estado con financiamiento adicional en 2020, debido a la caída de ingresos provocada por la pandemia del Covid-19, además de los préstamos preexistentes. En 2020, se tomó más de RD$599,525 millones, RD$202,320 millones más de lo originalmente previsto antes de la pandemia.
Esta situación y otros factores han provocado un incremento en los pagos de intereses año tras año, limitando cada vez más la capacidad de ejecución presupuestaria del Estado mientras que los ingresos crecen a un ritmo menor. Cuando los gastos aumentan, las opciones de un estado para mantenerse financieramente sostenible a largo plazo son limitadas: reducir gastos o incrementar ingresos; en el caso de República Dominicana, ambas son necesarias.
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