Roma.- La preocupación ha aumentado en Italia tras el hallazgo de una «organización» dedicada al robo de información sensible de políticos y entidades, lo cual ha impulsado demandas de varias facciones políticas para fortalecer la infraestructura informática del país y endurecer las leyes contra el hackeo.
Según lo publicado parcialmente por la prensa el lunes, los documentos de los investigadores describen la red como «peligrosa» para la democracia por la potencialidad de controlar a ciudadanos e instituciones a través de la información sustraída.
La «organización» fue descubierta por la Fiscalía de Milán (norte), que informó sobre su involucramiento en el robo y venta de datos confidenciales de bases de datos «estratégicas» del Estado, afectando a ciudadanos, políticos, periodistas y figuras públicas.
En el núcleo de la investigación se encuentran la agencia privada ‘Equalize’ y sus dueños, Enrico Pazzali, presidente de la Feria de Milán, y Carmine Gallo, un expolicía bajo arresto domiciliario, junto con el hacker Samuele Calamucci, también detenido, siendo en total sesenta los investigados.
Los acusados enfrentan cargos por asociación criminal, acceso ilegal a sistemas informáticos, corrupción y divulgación de secretos.
Marcello Viola, fiscal de Milán, explicó que la organización elaboraba informes con datos sustraídos gracias a la colaboración de funcionarios con credenciales, y que estos informes, en ciertos casos, llegaron a manos de medios de comunicación.
Los «clientes» eran bufetes de abogados y «empresas importantes de Italia y el extranjero», afirmó.
Existe la preocupación de que los datos robados pudieran haber caído en manos de servicios de inteligencia extranjeros o mafias. Giovanni Melillo, fiscal nacional antimafia, calificó la situación de «extremadamente alarmante».
De escuchas filtradas se reveló que el grupo poseía 800.000 informes sustraídos de la base de datos del Ministerio del Interior (SDI), liderados presuntamente por Calamucci. Figuras como el presidente del Senado, Ignazio La Russa, y el ex primer ministro Matteo Renzi, fueron espiados, incluyendo intentos de interceptación de comunicaciones dirigidas al presidente de la República, Sergio Mattarella.
Se estima que las ganancias de estas operaciones ilícitas alcanzaron los 3,1 millones de euros, de los cuales la mayoría correspondió a ‘Equalize’.
Los recientes sucesos han generado un profundo impacto entre la clase política italiana, llevando al ministro de Defensa, Guido Crosetto, a sugerir que lo destapado hasta ahora podría ser solo «la punta del iceberg». Esto ha llevado a considerar la implementación de leyes más estrictas contra estos crímenes. La Liga ultraderechista, parte de la coalición gubernamental de Meloni, propone un proyecto de ley para castigar más severamente a quienes violen la privacidad con fines de extorsión.
Matteo Piantedosi, ministro del Interior y encargado de la seguridad nacional, ha ordenado una investigación sobre las vulnerabilidades halladas y está evaluando medidas y protocolos para reforzar la seguridad de la infraestructura informática.
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