La Corte Suprema de Estados Unidos falló que Donald Trump excedió su autoridad al imponer aranceles de emergencia bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Este dictamen, con seis votos contra tres, deja en limbo legal unos 175 mil millones de dólares en recaudaciones, según el Penn-Wharton Budget Model (PWBM). Empresas ya anticipan una oleada de demandas para recuperar pagos.
Detalles del fallo de la Corte Suprema
El caso regresa a la Corte de Comercio Internacional para definir reembolsos. El PWBM cruzó datos de más de 11.000 categorías de importaciones de 233 países, ajustando por variaciones en tarifas durante el mandato de Donald Trump. Hasta diciembre, se recaudaron 133,5 mil millones bajo IEEPA, el 67% del total aduanero de 202 mil millones en el año fiscal 2025, duplicando cifras previas.
Impacto económico de los aranceles en limbo legal
La administración Trump defendió los gravámenes del 10% general, hasta 125% en China por fentanilo, y 40% temporal a Brasil, como fuente para reducir deuda o reemplazar impuestos sobre la renta. Proyecciones del Congreso estimaban 300 mil millones anuales en la década. Ahora, reembolsos podrían superar presupuestos de Transporte y Justicia combinados. El PWBM calcula 500 millones diarios en recaudación IEEPA desde febrero de 2025, pese a reducciones como del 25% al 15% con Corea del Sur.
Respuesta del gobierno y demandas empresariales
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, asegura reservas de 850 mil millones a marzo y 900 mil millones a junio para cubrir devoluciones. Cientos de firmas inician procesos judiciales, ya que la Corte Suprema no detalló mecanismos. Históricamente, disputas arancelarias bajo IEEPA datan de emergencias pasadas, pero este fallo marca precedente al limitar poderes presidenciales en comercio.
- Recaudación IEEPA: 133,5 mil millones hasta diciembre.
- Total aduanero 2025: 202 mil millones, x2,4 vs. año anterior.
- Reembolsos potenciales: 175 mil millones del Tesoro.
Expertos como Kent Smetters del PWBM advierten que pagos saldrán directamente de fondos públicos. La Corte Suprema mantiene el debate sobre límites ejecutivos en política comercial abierta.
