Un tribunal federal de EE.UU. ha confirmado el laudo arbitral que obliga a República Dominicana a pagar cerca de US$44 millones al magnate jamaicano-canadiense Michael Lee-Chin. Esta decisión pone fin a una disputa legal iniciada hace casi una década por la terminación del contrato del vertedero Duquesa.
Todo comenzó en 2007, cuando un municipio de República Dominicana contrató a Lajun Corp. SRL para operar el relleno sanitario Duquesa, en Santo Domingo Norte. En 2013, Michael Lee-Chin, presidente de Portland Holdings Inc., adquirió el 90% de la empresa y parte del terreno a través de sus compañías. La relación se rompió en 2017: el gobierno alegó incumplimientos ambientales y administrativos, rescindió el contrato y asumió el control total de las instalaciones.
Demanda ante el Ciadi y fallo inicial
Lee-Chin vio en la acción una expropiación ilegal. En 2018, demandó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), del Banco Mundial, invocando el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana y Caricom. Su reclamo inicial superaba los US$300 millones. En octubre de 2023, el tribunal arbitral falló a su favor, declarando la terminación como expropiación y violación al trato justo. Ordenó pagar US$38,7 millones por la expropiación, US$4,8 millones por trato inequitativo, más intereses, totalizando US$43,6 millones.
Confirmación del laudo arbitral en EE.UU.
El gobierno dominicano no se rindió. En diciembre de 2023, acudió a un tribunal federal en Washington D.C., pidiendo anular el laudo arbitral bajo la Ley Federal de Arbitraje (FAA). Argumentó falta de acuerdo válido para arbitrar. El martes 31 de marzo, la jueza Colleen Kollar-Kotelly adoptó la recomendación del magistrado, desestimando los argumentos. Destacó la política federal a favor del arbitraje en disputas internacionales y que el tratado de Caricom delegaba jurisdicción a los árbitros, aceptado implícitamente por República Dominicana.
Reacciones y próximos pasos
La corte rechazó pruebas de exceso de facultades o fraude en los cálculos. Richard C. Lorenzo, abogado de Lee-Chin en Hogan Lovells, expresó satisfacción y confió en un pago pronto. República Dominicana, representada por Curtis Mallet-Prevost, enfrenta ahora la ejecución del laudo arbitral. Este caso resalta riesgos en contratos públicos con inversionistas extranjeros, similar a otras disputas en la región como la de una minera canadiense contra Perú por US$69 millones.
El vertedero Duquesa sigue bajo control estatal, pero el fallo cierra apelaciones inferiores. Expertos en derecho internacional advierten que estos laudos fortalecen protecciones a inversores bajo tratados bilaterales. República Dominicana debe cumplir con el laudo arbitral, impactando sus finanzas públicas en un contexto de deudas crecientes por gestión de residuos sólidos.
