Las autoridades dominicanas mantienen un silencio absoluto tras la sentencia de una jueza federal en Estados Unidos que obliga al Estado dominicano a pagar US$44 millones al empresario extranjero Michael Lee-Chin. Este veredicto, emitido por Colleen Kollar-Kotelly, confirma la recomendación de un magistrado y rechaza los argumentos del gobierno dominicano para anular un laudo de arbitraje internacional relacionado con el vertedero de Duquesa en Santo Domingo Norte.
Origen de la disputa por el vertedero de Duquesa
La controversia se remonta a 2007, cuando Lajun Corp. SRL firmó un contrato para gestionar el vertedero de Duquesa, un relleno sanitario clave para los desechos sólidos del municipio. En 2013, Lee-Chin, presidente de Portland Holdings Inc., adquirió el 90% de la empresa y parte del terreno. Tensiones surgieron por presuntos incumplimientos, llevando al Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, bajo el exalcalde René Polanco, a solicitar su remoción en 2017.
El Tribunal Superior Administrativo nombró un administrador provisional encabezado por el Ministerio de Medio Ambiente, junto a Salud Pública y el ayuntamiento. Lee-Chin vio esto como expropiación ilegal y demandó ante el CIADI del Banco Mundial, invocando el tratado con Caricom. Su reclamo inicial superaba los US$300 millones, reducido ahora a US$44 millones.
Intento fallido de contacto con funcionarios
Medios como El Nacional y Bloomberg Línea buscaron reacciones. El Consultor Jurídico Jorge Subero Isa derivó la consulta al ministro de Justicia Antoliano Peralta, sin respuesta. Otro funcionario prometió llamar, pero no lo hizo. Este silencio de las autoridades genera interrogantes sobre los próximos pasos del Estado dominicano.
Contexto histórico del vertedero de Duquesa
El vertedero de Duquesa ha sido foco de conflictos crónicos por contaminación y mala gestión de desechos sólidos. En 2017, protestas locales denunciaron olores y riesgos sanitarios, justificando la intervención judicial. Expertos en derecho internacional destacan que fallos del CIADI son vinculantes, obligando pagos que impactan finanzas públicas. El vertedero de Duquesa sigue bajo administración temporal, con retos persistentes para Santo Domingo Norte.
- Veredero de Duquesa: Contrato de 2007, adquirido por Lee-Chin en 2013.
- Rescisión en 2017 por TSA, vista como expropiación.
- Sentencia final: US$44 millones confirmados en EE.UU.
El caso del vertedero de Duquesa expone vulnerabilidades en contratos públicos y arbitrajes internacionales, dejando al Estado dominicano ante un desembolso significativo sin reacción visible de las autoridades.
