La Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa (CODOPYME) ha hecho sonar la alarma ante un vacío operativo que paraliza el régimen especial de compras públicas destinado a beneficiar a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). Esta situación surgió con la implementación de la Ley 47-25 y su reglamento, el Decreto 52-26, ambos vigentes desde hace poco.
Derogación deja sin rumbo a las instituciones
El nuevo decreto eliminó expresamente el anterior Decreto 31-22, que listaba las entidades públicas obligadas a priorizar compras públicas a MIPYMES en programas sociales. Aunque la ley mantiene el régimen especial, el artículo 226 del Decreto 52-26 exige un decreto adicional para identificar esas instituciones, documento que aún no existe. Esto crea incertidumbre en procesos de alimentación escolar, asistencia social y suministros esenciales.
Las MIPYMES necesitan reglas claras y plenamente operativas. La seguridad jurídica es indispensable para planificar, invertir y sostener empleos.
Fernando Pinales, presidente de CODOPYME, subrayó que esta omisión podría generar interpretaciones discrecionales, perjudicando a miles de MIPYMES que dependen de estas compras públicas para su supervivencia. En República Dominicana, las MIPYMES representan más del 90% de las empresas y generan cerca del 60% del empleo formal, según datos del Ministerio de Industria y Comercio.
Contexto histórico del apoyo a MIPYMES en compras públicas
Antecedentes normativos clave
El régimen especial busca fortalecer la producción nacional, alineado con políticas desde la Ley 488-06 de Compras y Contrataciones Públicas. El Decreto 31-22 había clarificado participantes, pero su derogación sin reemplazo inmediato genera el actual vacío operativo. Expertos en derecho administrativo señalan que demoras similares han ocurrido en reformas pasadas, como en 2022, afectando licitaciones por millones de pesos.
- Falta de decreto identificador frena ejecución de compras públicas.
- Riesgo de aplicación desigual en programas sociales.
- Impacto en estabilidad de MIPYMES, pilar de la economía dominicana.
Llamado a la acción urgente
CODOPYME urge la emisión inmediata del decreto para consolidar el marco normativo y evitar ambigüedades. Pinales enfatizó: el avance legal debe traducirse en práctica efectiva. La organización ofrece colaboración a las autoridades para impulsar compras públicas que fomenten el crecimiento sostenible. Este vacío operativo en compras públicas pone en jaque el compromiso estatal con el sector productivo, clave para la recuperación económica post-pandemia.
Normas claras en compras públicas generan confianza mutua entre empresas y gobierno, esencial para el desarrollo nacional.
