San Juan.- La indignación de los ciudadanos puertorriqueños ante los constantes apagones, atribuidos a la gestión de la compañía LUMA Energy, ha sido un tema central en la campaña de las elecciones del 5 de noviembre, forzando a los candidatos a gobernador a tomar postura.
Los candidatos a gobernador -Juan Dalmau del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP); Jesús Manuel Ortiz del Partido Popular Democrático (PPD); Jenniffer González del Partido Nuevo Progresista (PNP); y Javier Jiménez de Proyecto Dignidad (PD)- han comprometido la cancelación del contrato con LUMA, proponiendo diversas alternativas.
Diversas propuestas de cambio
La infraestructura eléctrica de Puerto Rico ha sido vulnerable por años, y la situación parece no haber mejorado tras la llegada de LUMA en 2021, encargada de la transmisión y distribución de electricidad, lo que ha resultado en un incremento en las tarifas de electricidad.
En el contexto actual, el candidato del PIP en alianza con el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), señaló en un debate televisado que Puerto Rico no puede prosperar económicamente bajo la administración de LUMA.
Dalmau, en caso de ser electo, apuesta por «un nuevo modelo de gestión energética fuera del control privado».
«LUMA no llegó a Puerto Rico por casualidad, sino como resultado de la bancarrota causada por los gobiernos del Partido Popular y el PNP», indicó en el debate.
Jenniffer González, por su parte, prometió en un evento del PNP en el Coliseo de Puerto Rico que desharía el contrato con LUMA Energy si gana las elecciones.
«LUMA se irá. Esto se logrará designando un coordinador especial para recolectar información y trabajar junto a las agencias federales y estatales en busca de nuevos operadores y asegurar una transición energética suave y económica para los ciudadanos», declaró González.
Asimismo, destacó en el debate que ella ha obtenido «la mayor cantidad de fondos federales para Puerto Rico en la historia» con el objetivo de mejorar el sistema eléctrico del país.
Ortiz ha propugnado en un foro reciente organizado por la Cámara de Comercio Española en Puerto Rico por la anulación del contrato con LUMA, sugiriendo un sistema «despolitizado y dividido por regiones».
«Si proviene del sector privado, así sea. Si es del sector público, también», afirmó.
Clamor por un sistema eléctrico «resiliente»
Estas promesas son vistas por José Pérez, director de Asuntos Externos de LUMA Energy, como «distracciones políticas en tiempos de elecciones».
«Confirmo que no nos iremos, y no es por el contrato, simplemente no planeamos irnos», enfatizó en una entrevista reciente con EFE.
Pérez señaló que la empresa está llevando a cabo «la transformación eléctrica más ambiciosa del mundo» que tomará «unos tres años para lograr una red resiliente».
Esta reconstrucción ocurre tras la devastación causada por el huracán María en 2017 y tras años de mala gestión por parte de la previa administración de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que culminó en una bancarrota de 10000 millones de dólares.
El huracán María, de categoría 5, resultó en aproximadamente 3000 muertes en Puerto Rico y dejó a la mayor parte de la población sin electricidad durante meses.
Natalia Santiago, vicepresidenta de Únete, una de las organizaciones convocantes de manifestaciones contra LUMA, recordó a EFE que muchos ciudadanos, en especial los que padecen enfermedades respiratorias, «murieron porque no pudieron utilizar sus equipos médicos», como fue el caso de su madre.
Bajo consignas como «Privatizan la energía y nos roban cada día», «la energía la reclamamos porque es un derecho humano» o «Puerto Rico no se vende», los ciudadanos han demandado un cambio en el sistema eléctrico, aplicando presión a los políticos en el periodo electoral.
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