El Instituto Duartiano emitió una posición crítica respecto al acuerdo de deportaciones suscrito entre las autoridades dominicanas y el Gobierno de Estados Unidos. La organización patriótica sostiene que el memorando de entendimiento, conocido internacionalmente como Third Country National Agreement (TCNA), representa una vulneración de la soberanía nacional y el ordenamiento jurídico migratorio vigente en el país.
Según el documento de la institución, el acuerdo de deportaciones permitiría el ingreso al territorio dominicano de nacionales de terceros países deportados por la administración estadounidense, medida que contradice la normativa migratoria existente que únicamente contempla la aceptación de ciudadanos dominicanos y terceros debidamente visados por autoridades consulares.
Crítica al cambio de posición gubernamental
La organización manifestó sorpresa ante el acuerdo de deportaciones actual, particularmente porque hace tres meses el presidente Luis Abinader había descartado públicamente la posibilidad de suscribir un convenio de esta naturaleza. El Instituto Duartiano cuestionó el “violento cambio de actitud” del Gobierno, sugiriendo que funcionarios de la Cancillería operarían sin “sentimiento patriótico” en la formulación de esta política.
La entidad advirtió además que estas operaciones implicarían el aterrizaje de naves militares extranjeras y el uso de aeropuertos militares dominicanos, elementos que no habían sido destacados en comunicaciones oficiales previas respecto al acuerdo de deportaciones.
Contexto de la crisis migratoria dominicana
El Instituto Duartiano enfatizó que República Dominicana enfrenta una situación migratoria compleja, con la presencia estimada de millones de extranjeros indocumentados procedentes principalmente de Haití. La organización cuestionó la lógica de ampliar la aceptación de migrantes en territorio nacional cuando ya existe una presión migratoria significativa que las autoridades dominicanas trabajan por controlar.
Según la posición institucional, permitir el tránsito de nacionales de terceros países mediante el acuerdo de deportaciones evidencia una postura “excesivamente complaciente” que expone al país a conflictos con su propia legislación migratoria y proyecta una imagen de debilidad en la gestión de políticas públicas.
Respuesta oficial del Canciller
El Canciller Roberto Álvarez defendió el acuerdo de deportaciones mediante conferencia de prensa en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. Álvarez aclaró que el memorando, parte de la iniciativa “Escudo de las Américas”, no clasifica a República Dominicana como “tercer país seguro” ni implica permanencia indefinida de migrantes en territorio nacional.
El funcionario explicó que el mecanismo se limita exclusivamente al tránsito temporal de nacionales de otros países que aún no han ingresado al sistema migratorio estadounidense y que no solicitarán refugio en la República Dominicana. Esta aclaración busca desmontar la interpretación del Instituto Duartiano sobre los alcances del acuerdo de deportaciones.
La controversia refleja tensiones en el seno de la administración pública dominicana respecto a la ejecución de políticas internacionales. El acuerdo de deportaciones permanecerá como punto de debate entre sectores que priorizan la cooperación multilateral y aquellos que enfatizan la preservación de la soberanía nacional bajo marcos legales preexistentes.
