El Tribunal Constitucional ha ratificado las absoluciones en el caso Odebrecht, declarando inadmisible el recurso presentado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). Mediante la sentencia TC/0054/26, la alta corte puso fin a un intento de revertir decisiones previas de la Suprema Corte de Justicia en este escándalo de corrupción que remueve las entrañas del país.
El caso Odebrecht surgió de contratos de infraestructura adjudicados a la constructora brasileña entre 2001 y 2014, por un valor estimado en 3.460 millones de dólares. Odebrecht admitió en 2016 haber pagado 92 millones en sobornos en República Dominicana, según confesiones en Brasil y EE.UU., afectando figuras políticas clave.
Ratificación de absoluciones y fundamentos del fallo en caso Odebrecht
La PEPCA cuestionó violaciones a derechos fundamentales, pero el Tribunal Constitucional concluyó que no se evidenciaron irregularidades. Examinó la valoración de las pruebas, el principio de igualdad procesal y la correlación entre acusación y sentencia, todos respetados según el fallo. Las pruebas no bastaron para probar responsabilidad penal en sobornos, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, reafirmando la presunción de inocencia y el debido proceso.
Contexto histórico del caso Odebrecht en República Dominicana
Este proceso, uno de los más emblemáticos de corrupción, involucró a exfuncionarios como Ángel Rondón, acusado de canalizar sobornos por 92 millones. En 2023, un tribunal absolvió a varios imputados por falta de pruebas suficientes, decisión ahora confirmada. Expertos como el abogado constitucionalista Servio Tulio Rincón destacan que el fallo fortalece la independencia judicial, evitando recursos frívolos.
Implicaciones para la lucha anticorrupción
- Refuerza pilares del sistema judicial dominicano.
- Cierra vía para reabrir el caso Odebrecht contra absolvidos.
- PEPCA podría apelar en instancias internacionales, según analistas.
La sentencia subraya que en el caso Odebrecht, las acusaciones de sobornos millonarios no superaron el umbral probatorio. Organismos como Transparencia Internacional señalan que República Dominicana ocupa el puesto 101 en su índice de percepción de corrupción 2025, con mejoras leves post-Odebrecht. Este cierre judicial invita a fortalecer mecanismos preventivos en licitaciones públicas.
El Tribunal Constitucional priorizó el debido proceso sobre presiones políticas, un precedente vital. En el caso Odebrecht, la batalla por la verdad continúa, pero con límites constitucionales claros.
