La venta de permisos ambientales en el Ministerio de Medio Ambiente ha sido denunciada con gravedad por el partido Fuerza del Pueblo (FP), que alerta sobre un presunto esquema de corrupción ligado a la emisión irregular y masiva de licencias ambientales fuera del marco legal vigente en República Dominicana.
Acusaciones concretas y solicitud de auditoría
Durante una rueda de prensa, Paino Abreu, secretario de Medio Ambiente del FP, señaló directamente al ministro Paíno Henríquez como responsable de una gestión ambiental susceptible de irregularidades, fundamentada en datos inconsistentes y decisiones que podrían infringir la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.
El proceso de venta de permisos ambientales cobra relevancia tras la afirmación del ministro de que su gestión ha aprobado más de 6,000 licencias en apenas 11 meses, cifra que el FP califica como “astronómica” e inviable para un Ministerio sin la capacidad técnica y administrativa para tramitar tal volumen cumpliendo el debido proceso.
El FP denunció la existencia de “agentes intermediarios” que facilitan la obtención rápida de permisos a cambio de pagos adicionales, fortaleciendo el temor a un mercado ilegal para la expedición de permisos ambientales. En respuesta, se ha solicitado una auditoría forense por parte de la Cámara de Cuentas y la Oficina de Ética Pública, buscando esclarecer esta situación y garantizar la transparencia.
Impacto y consecuencias en la gestión ambiental
Además de la denuncia sobre la venta de permisos ambientales, el FP critica que el Ministerio de Medio Ambiente haya perdido su perfil de ente fiscalizador para convertirse en un motor de aprobación masiva de proyectos sin evaluar el impacto ambiental ni la sostenibilidad, alterando así el equilibrio de recursos naturales.
Se señala también el debilitamiento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), instrumento clave para controlar proyectos de alto riesgo, lo que podría estar afectando la conservación de ecosistemas y biodiversidad.
En paralelo, se denuncian datos inflados e inexactos sobre cobertura forestal y importación de madera, y un deterioro en las condiciones laborales de los guardaparques que ahora se ven reducidos en número real y sin los recursos ni autoridad necesarios para su labor de vigilancia ambiental.
Contexto y antecedentes de corrupción
El FP recordó que fue el primero en revelar escándalos de corrupción en instituciones públicas, como el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), que terminaron con investigaciones judiciales y arrestos de exfuncionarios. Por ello, exigen una respuesta firme y transparente en esta nueva alerta sobre la venta de permisos ambientales.
Este escenario plantea un serio riesgo para la integridad de la política ambiental en República Dominicana, acentuando la necesidad de preservar los recursos naturales y de fortalecer los mecanismos de control y gestión ambiental.
Relevancia de la auditoría y próximos pasos
La exigencia de una auditoría a la Cámara de Cuentas busca desentrañar el presunto esquema corrupto vinculado a la venta de permisos ambientales. Se espera que las autoridades competentes actúen con rigurosidad para asegurar la legalidad en la emisión de licencias y frenar prácticas que degradan la institucionalidad ambiental.
El esfuerzo del FP por exponer esta problemática contribuye a la vigilancia ciudadana y a la exigencia de responsabilidades en un sector clave para el desarrollo sostenible del país.
La venta de permisos ambientales continúa siendo una grave señal de alerta para la sociedad dominicana y un llamado urgente a fortalecer la gobernanza en el Ministerio de Medio Ambiente.
