Lima.- Los sindicatos de transporte público en Perú han anunciado que organizarán una huelga a nivel nacional si el Congreso no anula una legislación sobre el crimen organizado que, de acuerdo con diferentes expertos y abogados, podría beneficiar a grupos criminales.
Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), anunció en la emisora RPP que el gremio decidió cancelar un paro que se había planeado inicialmente para este jueves en Lima.
Previo a este anuncio, los transportistas llevaron a cabo el jueves pasado un paro en la capital para demandar medidas de seguridad ante la creciente ola de extorsión, durante la cual al menos tres personas han sido asesinadas en las semanas recientes.
Como respuesta a esa protesta, que contó con un amplio respaldo de la ciudadanía y de otros sectores empresariales, el gobierno peruano declaró estado de emergencia por 60 días en trece de los 43 distritos de Lima y uno en la provincia adyacente de Callao.
Dicha medida permitió a la Policía Nacional del Perú (PNP) tomar control de las áreas afectadas, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, aunque reportes locales indican que la ola de crímenes y asesinatos continúa en varias áreas de la capital.
El gobierno también presentó al Congreso una propuesta de ley que clasifica el asesinato por encargo, secuestro, extorsión y posesión ilegal de armas de fuego como actos de “terrorismo urbano”.
En este marco, Valeriano expresó que algunos miembros de su sector continúan “preocupados por los acontecimientos actuales”, pero enfatizó que se ha decidido proceder a una huelga nacional sólo si la controvertida ley contra el crimen organizado no es revocada.
«La ley 32108 está perjudicando a la ciudadanía en términos de seguridad, favoreciendo a las organizaciones criminales. Si el Congreso ignora nuestras demandas, procederemos con un paro a nivel nacional», subrayó.
La polémica norma
Por su parte, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, mostró su apoyo a la modificación de esta controversial ley, pero indicó tras una reunión que no será anulada. En su lugar, la Comisión de Justicia del Congreso deberá evaluar una nueva propuesta.
La legisladora de izquierda Ruth Luque afirmó que la mayoría de las facciones conservadoras se opusieron a anular la ley al argumentar que tal acción pretendería desacreditar al Congreso.
A su vez, el congresista conservador José Cueto comentó a los medios que lo necesario es una modificación de la ley, ya que “está en vigor y así continuará”.
Asimismo, se ha acordado que la iniciativa del Ejecutivo para crear la “ley de terrorismo urbano” será discutida en el pleno del próximo jueves.
La así denominada ‘ley del crimen organizado’ fue promulgada por el Congreso a principios de agosto, tras expirar el plazo para que el Ejecutivo se pronunciara al respecto.
Esta normativa define a una organización criminal como un conjunto con una “estructura compleja y desarrollada, con mayor capacidad operativa”, integrado por tres o más personas que cometan crímenes con penas superiores a seis años de prisión.
Además, estipula que los allanamientos judiciales sólo puedan llevarse a cabo con la presencia del sospechoso y su abogado.
Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado, aseveró que esto beneficia a los criminales al eliminar la posibilidad de realizar allanamientos sorpresivos, afectando así las investigaciones sobre delitos graves.
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