Este sábado se cumplen siete meses de la tragedia del Jet Set, un suceso que dejó una huella imborrable en República Dominicana y que hoy sigue generando preguntas sobre la justicia para las 236 víctimas mortales y sus familias. El derrumbe de la legendaria discoteca, ubicada en la avenida Independencia, continúa siendo uno de los peores desastres civiles del país y motivo de constante reivindicación por parte de los afectados, quienes aún no ven respuestas claras desde el ámbito legal.
El caso judicial contra Maribel y Antonio Espaillat, dueños del local, avanza con lentitud. Ambos fueron acusados formalmente por el Ministerio Público, pero cumplen libertad bajo fianza tras enfrentar cargos de homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, contemplados en los artículos 319 y 320 del Código Penal dominicano. Sin embargo, la pena máxima prevista para estos delitos es de apenas dos años, lo que ha generado indignación y desánimo entre los familiares de las víctimas, que exigen justicia para la tragedia del Jet Set.
Los hechos detrás del colapso: causas técnicas e institucionales
La investigación liderada por el Ministerio Público, bajo la dirección de la procuradora Yeni Berenice Reynoso, determinó que los acusados sobrecargaron la estructura del techo con equipos de climatización y tinacos de agua, sin estudios técnicos que avalaran la seguridad del inmueble. Además, el informe señala que pese a advertencias internas sobre el deterioro del techo, los Espaillat optaron por no intervenir, priorizando el ahorro de recursos por encima de la integridad de los asistentes.
Los peritos Leonardo de Jesús Reyes Madera, Eduardo A. Fierro y Máximo José Corominas Quezada, designados para el caso, coincidieron en que el estado de la estructura era crítico antes del derrumbe. Fragmentos del techo ya se desprendían con frecuencia, según testimonios recogidos entre empleados, pero estos signos de alerta no fueron atendidos a tiempo.
El peso de la prueba, sostiene el Ministerio Público, está respaldado por cientos de elementos de convicción que comprometen directamente a los dueños del establecimiento. Aun así, los procesos judiciales en República Dominicana suelen extenderse por años, y la tragedia del Jet Set no es la excepción.
Contexto social y memoria colectiva
La noche del 8 de abril de 2025, el Jet Set reunía a cientos de personas para disfrutar de una presentación del merenguero Rubby Pérez. Entre los asistentes, figuras públicas como el diseñador Martín Polanco, la gobernadora Nelsy Cruz, el mayor general José Luis Domínguez Castillo y los ejecutivos del Banco Popular Eduardo y Joanna Grullón, así como ciudadanos de diferentes nacionalidades, reflejaban la diversidad y popularidad del lugar. El evento, parte de la tradición del “lunes bailable”, se convirtió en una de las mayores catástrofes humanas en la historia reciente del país.
El derrumbe ocurrió cerca de la 1 de la madrugada, mientras Rubby Pérez interpretaba “De color de rosa”. El techo cedió por completo, sepultando a decenas bajo los escombros. Desde ese momento, la conmoción y la respuesta de las autoridades dominicanas ocuparon titulares internacionales. El presidente Luis Abinader y otras autoridades llegaron al lugar, mostrando consternación y apoyo, pero la búsqueda de justicia sigue empantanada en los tribunales.
Demandas de los familiares y sociedad civil
Siete meses después, los familiares de las víctimas de la tragedia del Jet Set reclaman no solo justicia penal, sino también reparación moral y cambios estructurales en la regulación de locales de entretenimiento. Diversas organizaciones de la sociedad civil han exigido auditorías independientes y mayor transparencia en las investigaciones, mientras algunos sectores legales cuestionan la idoneidad de la normativa actual para sancionar tragedias de esta magnitud.
En este escenario, la memoria de las víctimas y la exigencia de justicia siguen presentes en la agenda pública dominicana. La tragedia del Jet Set no es solo un episodio de dolor, sino un recordatorio de la necesidad de prevenir y sancionar con rigor la negligencia que amenaza vidas.
Mientras el país espera avances judiciales concretos, la discoteca derruida permanece como símbolo de una noche que empezó con música y terminó en luto, sin que hasta ahora la justicia haya llegado para las víctimas y sus familias.
