La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) emitió la Resolución núm. DGCP-DG-02-2026 para regular contrataciones de bienes destinados a la defensa, inteligencia o seguridad del Estado. Esta medida busca evitar confusiones generadas por interpretaciones mediáticas y enfatiza la necesidad de salvaguardar información sensible en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.
La normativa responde a riesgos como vulnerabilidades tecnológicas y accesos indebidos que podrían comprometer la soberanía digital. Solo aplica a adquisiciones de tecnologías críticas, infraestructuras clave y sistemas estratégicos vinculados a la defensa, inteligencia o seguridad del Estado.
Fundamentos legales y entidades involucradas
Basada en la Ley 1-26 del 9 de enero de 2026, la resolución obliga a la Dirección Nacional de Inteligencia a proteger sistemas de información pública. El Instituto Criptográfico Nacional, creado por el Decreto 612-24, certifica accesos a datos clasificados y coordina cifrado en órganos estatales.
- Certificación técnica previa del Instituto Criptográfico Nacional para procesos sensibles.
- Monitoreo basado en riesgos vía mecanismos automatizados de la DGCP.
- Informe de integridad antes de adjudicaciones.
Obligaciones transversales para entidades estatales
Todas las instituciones deben implementar cifrado, trazabilidad y auditorías en datos del sistema de contrataciones. Además, reportar incidentes de ciberseguridad al Centro Nacional de Ciberseguridad y al Instituto Criptográfico Nacional, con monitoreo continuo en infraestructuras críticas.
Contexto de transparencia en contrataciones públicas
Esta iniciativa se alinea con esfuerzos previos de la DGCP por aclarar procedimientos excepcionales, como los de emergencia que duran 15-20 días con fases de trazabilidad y competencia. Refuerza principios de la Ley 340-06, evitando discrecionalidad en compras ordinarias o sensibles. La articulación con la División de Investigación de Delitos Informáticos asegura integridad en procesos estratégicos.
Expertos destacan que estas medidas mitigan dependencias externas en defensa, inteligencia o seguridad del Estado, promoviendo soberanía tecnológica. La DGCP subraya que los controles mantienen publicidad y participación, similar a aclaraciones sobre exclusividades del SNS en servicios críticos.
En un panorama de crecientes amenazas cibernéticas, esta resolución posiciona a República Dominicana con estándares robustos. La coordinación interinstitucional garantiza que compras para defensa, inteligencia o seguridad del Estado prioricen transparencia y protección nacional.
