La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) catalogó como acto intimidatorio la intervención del Gobierno de Ecuador en Gráficos Nacionales S.A. (Granasa), empresa editora de los diarios Expreso y Extra. Esta acción, ordenada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS), genera alertas sobre presiones contra voces críticas al presidente Daniel Noboa.
Preocupación por el debido proceso
Desde su sede en Miami, la SIP expresó su inquietud por esta medida estatal. El presidente de la organización, Pierre Manigault, advirtió que plantea dudas sobre el respeto a garantías fundamentales. “El control sobre empresas independientes no puede convertirse en un mecanismo indirecto de censura o presión editorial”, afirmó. Granasa había denunciado previamente intentos del Estado por controlar el 40% de sus acciones.
Contexto de tensiones contra la prensa en Ecuador
Los hechos escalan tras una denuncia de Granasa en enero, donde acusó al Gobierno de Noboa de usar “caminos opacos” para doblegar a una de las pocas voces críticas en el país. La SCVS justificó la intervención para supervisar la situación económica y corregir irregularidades, nombrando a una interventora externa que rendirá informes mensuales. Sin embargo, la SIP ve en esto un claro acto intimidatorio que inhibe el periodismo libre.
Declaraciones de la SIP y respuesta de los diarios
La presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, Martha Ramos, subrayó que esta intervención representa un acto intimidatorio contra el ejercicio periodístico independiente. Expreso, por su parte, reafirmó su compromiso: “Nada podrá doblegar nuestra independencia editorial”. Esta no es la primera alerta; la semana pasada, la SIP criticó un sistema de control y censura previa impulsado por las Fuerzas Armadas ecuatorianas, basado en la línea editorial de los periodistas.
Ecuador acumula antecedentes preocupantes: agresiones físicas, amenazas de muerte a reporteros que cubren crimen organizado, hostigamiento judicial y discursos estigmatizantes de autoridades contra medios opositores. Según reportes de la SIP, desde 2023 se han documentado al menos 20 casos de persecución a periodistas críticos, en un contexto de narcoviolencia que Noboa combate con estados de emergencia.
- Intervención SCVS: Nombramiento de interventora y reportes mensuales.
- Acusaciones de Granasa: Represalias por críticas al Gobierno.
- Antecedentes SIP: Censura previa y agresiones físicas registradas.
Este acto intimidatorio aviva debates sobre libertad de prensa en América Latina, donde organizaciones como la SIP monitorean 150 incidentes similares en 2025. Los diarios afectados insisten en su rol fiscalizador, esencial en democracias bajo presión.
