La defensa de Ángel Donald Guerrero Ortiz, exministro de Hacienda, afirma que los RD$21 mil millones imputados en el caso Calamar no provienen de fondos del Estado dominicano. Durante la audiencia preliminar de este viernes, la abogada María del Pilar Zuleta presentó pruebas que, según su equipo, desmontan por completo la acusación económica del Ministerio Público.
Pruebas clave en la audiencia
“Hemos demostrado de manera fehaciente que los RD$21 mil millones atribuidos a Donald Guerrero no salieron del Estado”, declaró Zuleta. Esta revelación pone en duda la narrativa fiscal del caso, que involucra presuntas irregularidades en instituciones públicas.
Imputados y estructura del caso Calamar
El Ministerio Público acusa a Guerrero junto a figuras como José Ramón Francisco de Jesús Peralta Fernández, exministro Administrativo de la Presidencia; Gonzalo Castillo Terrero, exministro de Obras Públicas; Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, excontralor, y Rafael Porfirio Calderón Martínez, exsenador. El expediente describe una red que supuestamente usó entidades como Hacienda, Contraloría, Bienes Nacionales, CEA, Catastro, Banreservas y Presupuesto para delinquir.
Contexto histórico del escándalo
El caso Calamar surgió de investigaciones sobre sobrefacturación y desvíos en contratos públicos durante gestiones pasadas. Expertos en derecho penal destacan que los RD$21 mil millones representan una cifra significativa, equivalente a varios presupuestos ministeriales anuales. Antecedentes similares, como el caso Odebrecht, han expuesto vulnerabilidades en controles fiscales dominicanos, con condenas que superan los 10 años de prisión en instancias previas.
- Defensa insiste en trazabilidad no estatal de los fondos.
- Audiencia preliminar evalúa validez de 500+ pruebas del MP.
- Implicaciones podrían afectar múltiples exfuncionarios.
Analistas observan que si se valida la tesis de la defensa, los RD$21 mil millones podrían redefinir el alcance del caso. Zuleta subrayó la solidez documental presentada, cuestionando el vínculo directo con arcas públicas. Este desarrollo mantiene en vilo al sistema judicial, mientras se espera resolución sobre admisibilidad de evidencias.
En el caso Calamar, los RD$21 mil millones siguen en el centro del debate, con la defensa de Guerrero impulsando un giro argumental clave.
