Presos políticos en Venezuela se concentran hoy en al menos 120 centros de detención, en un mapa carcelario marcado por el hermetismo oficial, denuncias de torturas y un goteo de excarcelaciones sin lista pública ni transparencia.
De acuerdo con la ONG Foro Penal, al 5 de enero se registraban 806 presos políticos en Venezuela, cifra que la organización elevó después a 811 detenidos, incluyendo personas en paradero desconocido y bajo arresto domiciliario. La mayoría está distribuida en recintos emblemáticos como El Rodeo I, Tocorón, Ramo Verde, El Helicoide y el complejo penitenciario de Yare, entre otros.
El anuncio reciente de excarcelaciones hecho por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, sin detallar nombres ni cargos, ha llevado a familiares, activistas y abogados a recorrer prisiones de todo el país para verificar quiénes, si alguien cercano, han sido liberados.
El Rodeo I y Tocorón: castigos extremos y máxima seguridad
En el Internado Judicial El Rodeo I, en el estado Miranda, Foro Penal ha identificado más de un centenar de presos políticos en Venezuela, entre ellos allegados a dirigentes opositores y ciudadanos extranjeros. El Observatorio Venezolano de Prisiones ha denunciado allí un régimen de aislamiento, falta de información a las familias y un “régimen de castigo” que incluye semanas sin visitas ni entrega de alimentos o medicinas.
Casos documentados describen a detenidos esposados las 24 horas, desnudos y con acceso limitado a agua y comida, condiciones que organizaciones de derechos humanos equiparan a tratos crueles e inhumanos.
En el Centro Penitenciario de Aragua, conocido como Tocorón, donde se originó la banda criminal Tren de Aragua, el Gobierno lo reactivó como cárcel de máxima seguridad para recluir a miles de detenidos tras las protestas postelectorales de 2024. Allí también se concentra un número significativo de presos políticos en Venezuela, según los registros de ONG.
Ramo Verde y Yare: militares y opositores bajo vigilancia
El Centro Nacional de Procesados y Penados Militares, Ramo Verde, aloja decenas de oficiales, exfuncionarios y civiles procesados por delitos considerados políticos. En esta prisión estuvo recluido el exministro de Defensa Raúl Isaías Baduel, fallecido en custodia en 2021, y también el opositor Leopoldo López entre 2014 y 2017, lo que la convirtió en símbolo de la represión contra la disidencia.
Los penales Yare II y III, también en Miranda, suman más de 80 presos políticos en Venezuela, según el listado de Foro Penal. A ellos se añaden otros recintos como el Centro de Formación Hombre Nuevo El Libertador (conocido como Fénix Carabobo) y cárceles femeninas como La Crisálida y el Instituto Nacional de Orientación Femenina.
El Helicoide: el centro más temido por los detenidos
El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en Caracas, es descrito por organizaciones de derechos humanos como uno de los mayores centros de tortura de la región. Allí permanecen dirigentes de la oposición y colaboradores de María Corina Machado, entre ellos figuras como Freddy Superlano y Jesús Armas.
Testimonios recogidos por ONG hablan de torturas físicas y psicológicas, aislamiento prolongado y negación de atención médica a presos políticos en Venezuela. En ese recinto murió en diciembre el exgobernador Alfredo Díaz, uno de los al menos 25 fallecidos bajo custodia estatal desde 2015.
Falta de lista oficial y dudas sobre las excarcelaciones
A pesar de los anuncios de liberaciones, el Gobierno no ha publicado un registro oficial con el número total de excarcelados ni sus identidades. Organizaciones de la sociedad civil y la principal coalición opositora han podido verificar solo entre 8 y 11 liberaciones, incluyendo ciudadanos españoles, una fracción mínima frente al total de presos políticos en Venezuela contabilizados por las ONG.
Un sistema bajo escrutinio internacional
La situación de los presos políticos en Venezuela se mantiene bajo observación de organismos internacionales, relatorías de la ONU y misiones independientes que han documentado patrones de detención arbitraria, uso de tribunales militares para civiles y prácticas de tortura. Las ONG insisten en que, mientras no haya una lista oficial verificable y no se respeten garantías básicas, cada anuncio de excarcelación deja intacto el problema estructural del sistema penitenciario venezolano.
