El Gobierno dominicano reafirmó este sábado su política migratoria, asegurando que se ajusta a la Constitución, leyes nacionales y estándares internacionales de derechos humanos. Esta posición surge como respuesta directa a un comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que cuestionó las medidas del Estado dominicano en materia de migración.
Contexto regional por crisis en Haití
La Cancillería enfatizó que la política migratoria debe evaluarse en el marco de la crisis política, de seguridad y humanitaria en Haití. Esta situación genera una presión migratoria sostenida y excepcional sobre República Dominicana, que ha cargado durante décadas con impactos desproporcionados. Históricamente, desde 2013, el país ha deportado cientos de miles de haitianos en operaciones como las de 2023, donde se reportaron más de 250.000 repatriaciones según datos oficiales de la Dirección General de Migración.
Rechazo al principio de no devolución general
Derecho soberano y soberanía nacional
El Gobierno subrayó su soberanía para regular el ingreso, permanencia y salida de personas, derecho reconocido por el sistema interamericano. Rechazó el llamado de la CIDH a aplicar de forma general el principio de no devolución a migrantes irregulares, argumentando que implicaría una aceptación indiscriminada sin controles. Expertos en migración, como analistas de la ONU, han destacado en informes recientes que Haití enfrenta un colapso institucional con más de 5 millones en inseguridad alimentaria, lo que acelera flujos hacia la frontera dominicana.
Impactos en cohesión social y servicios
La política migratoria responde también a efectos en la cohesión social y el gasto público. Ningún Estado puede asumir obligaciones de otro ante fallos institucionales ajenos, advirtió la nota oficial. En 2024, República Dominicana invirtió millones en atención a migrantes, mientras deportaciones evitan saturación en salud y educación, según declaraciones previas del Ministerio de Interior.
- Presión migratoria por crisis haitiana: Más de 500.000 cruces irregulares anuales estimados.
- Solidaridad histórica: Ayuda humanitaria dominicana pese a cargas.
- Estándares internacionales: Cumplimiento con Pacto Mundial para Migración.
Esta defensa de la política migratoria busca equilibrar derechos humanos con seguridad nacional, en un debate regional que persiste. La CIDH insiste en protecciones, pero el Gobierno prioriza regulación soberana ante realidades fronterizas.
