Miguel Uribe Turbay, el candidato presidencial asesinado en 2025, deja un legado de controversia con la decisión de su padre, Miguel Uribe Londoño, de demandar al Estado colombiano. En una entrevista reciente con la revista Semana, Londoño acusó al gobierno de fallar en su deber de protección, lo que facilitó el magnicidio de su hijo.
Omisiones graves en la seguridad de Miguel Uribe Turbay
El ataque contra Miguel Uribe Turbay ocurrió el 7 de junio de 2025 durante un evento público en Bogotá. Herido de gravedad con impactos en la cabeza, fue sometido a múltiples cirugías y falleció el 11 de agosto en un hospital, según relató su esposa, María Claudia Tarazona. Londoño insiste en que hubo omisión grave en las medidas de seguridad, desprotegiendo totalmente a su hijo pese a las amenazas conocidas.
“Sí, claro, la tengo ya tomada. Sí, lo voy a hacer. Por la reparación que deben hacer, para que esto sirva de ejemplo”, declaró Londoño. Agregó: “No le brindó la protección que le debía dar, lo desprotegió totalmente”.
Contexto de violencia política en Colombia
Historia de magnicidios y fallas estatales
El caso de Miguel Uribe Turbay revive recuerdos de atentados como el de Luis Carlos Galán en 1989 o el de Jorge Eliécer Gaitán en 1948, donde la protección estatal fue cuestionada. En los últimos años, Colombia reportó más de 20 líderes sociales asesinados en 2025, según datos de la ONU, con un aumento del 15% en ataques a precandidatos. Expertos en seguridad, como analistas del Instituto de Paz de EE.UU., destacan que el narcotráfico sigue financiando el 70% de la violencia política.
- Ataque inicial: 7 de junio de 2025, Bogotá.
- Fallecimiento: 11 de agosto tras operaciones fallidas.
- Motivo de demanda: Falta de escoltas y inteligencia previa.
Críticas al narcotráfico y permisividad
Londoño cuestiona la situación de seguridad nacional: “¿Qué tal que para que no maten sean gestores de paz? ¿Qué se puede consumir droga en los parques? Eso no puede ser. Hay que atacar el narcotráfico”. Su llamado busca no solo reparación económica, sino un precedente para fortalecer protocolos de protección a figuras políticas. Autoridades colombianas han iniciado investigaciones, pero sin avances públicos sobre los autores materiales hasta ahora.
Este anuncio de Londoño pone en el centro el debate sobre responsabilidad estatal en la era de campañas violentas. La demanda de Miguel Uribe Turbay contra el Estado podría sentar jurisprudencia, obligando revisiones en esquemas de seguridad para futuros candidatos.
