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Este jueves, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró a El Salvador responsable por la desaparición forzada de tres individuos, incluyendo a una activista de derechos humanos y su progenitor, ocurridas durante la guerra civil de la nación (1980-1992).
Según un comunicado del tribunal con sede en el continente, “El Salvador tiene responsabilidad en las desapariciones forzadas de Patricia Emilie Cuéllar Sandoval (activista de derechos humanos), su padre Mauricio Cuéllar Cuéllar, y Julia Orbelina Pérez (empleada doméstica del padre).”
La última vez que se vio a Emilie Cuéllar fue el 28 de julio de 1982, después de llevar a sus hijos a la guardería, como lo indicó la Corte en su fallo.
Esa misma noche, su padre y la empleada doméstica fueron llevados de su hogar, y su ubicación ha sido desconocida desde entonces.
La Corte destacó que la desaparición de estas tres víctimas ocurrió dentro de un patrón de desapariciones forzadas ejecutadas durante el conflicto armado interno de El Salvador.
Desde 1975, Emilie Cuellar se vinculó activamente con movimientos cristianos y entre 1979 y 1980 sirvió como secretaria de la Oficina de Socorro Jurídico Cristiano, una iniciativa del sacerdote jesuita Segundo Montes para asistir a los afectados por violaciones a derechos humanos.
Montes fue uno de los seis sacerdotes jesuitas asesinados por miembros del ejército en la Universidad Centroamericana (UCA), el 16 de noviembre de 1989.
El conflicto bélico en El Salvador resultó en aproximadamente 75.000 fallecidos, alrededor de 7.000 personas desaparecidas, y signficativos estragos económicos.
Como parte de las medidas reparadoras, la Corte exigió que El Salvador realice investigaciones sobre los sucesos con las víctimas, procure encontrar y devolver sus restos a los familiares.
Dictaminó además que se debe otorgar una mayor atención a las indagaciones judiciales en curso para esclarecer estos actos y enjuiciar a los culpables, proveer apoyo físico y psicológico a las familias de los desaparecidos, y establecer estrategias para evitar la repetición de tales crímenes, entre otros requerimientos.
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