El Ministerio Público se encuentra listo para presentar la acusación y las pruebas en el juicio que se llevará a cabo el próximo 15 de septiembre contra los integrantes de la red desmantelada con la Operación Gaviota, la cual movilizó más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones, afectando a más de 300 víctimas.
Los acusados, entre los que se encuentran Rafael Martínez Batista y su pareja Eridania García Veloz de Martínez, Edgar Antonio García Binet, Jesús Manuel de la Cruz Paché, Reynaldo Castillo Garrido, Ana Francisca Martínez Batista, Héctor Aníbal Santillán Faulkner, Carlos Manuel Jiménez Mauricio y Joanna del Cristo Amparo de Jiménez, utilizaron un esquema piramidal para cometer los hechos.
Empresas involucradas
Para llevar a cabo su plan, los acusados utilizaron varias empresas, incluyendo IXI Intermecom S.R.L., Guro Investments S.R.L., Yirewall S.R.L., Cooperativa de Ahorros Créditos y Servicios Múltiples de Emprendedores Educativos (Coopes), Investor Winner IW S.R.L., Antoni Carpio Pisos y Construcciones S.R.L., Vagary Consulting S.R.L., Inversiones Cataleya S.R.L. y Gratia Plena S.R.L.
Investigaciones y pruebas
Las investigaciones revelaron que los cabecillas reclutaban a los inversores y los convencían de que estaban realizando una inversión legítima, creando empresas para captar valores del público sin poseer los permisos ni registros correspondientes ante la Superintendencia de Bancos ni la Superintendencia del Mercado de Valores.
El juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Timoteo Peguero, dictó el auto de apertura a juicio al considerar suficientes las más de 650 pruebas que sustentan el expediente, incluyendo un total de 376 pruebas testimoniales, 19 peritajes financieros y de informática forense, así como 254 documentales y 29 materiales.
El grupo es acusado de violar varios artículos del antiguo Código Penal, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la Ley Monetaria y Financiera Núm. 183-02, Ley 249-17 del Mercado de Valores de la República Dominicana, así como la Ley 127-64 sobre el Cooperativismo en la República Dominicana y la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
Créditos de la fuente: N.com.do
