El viernes a las 9:00 a.m. el juez Franny González de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional dará inicio al juicio de fondo contra Antonio y Maribel Espaillat, dueños de la discoteca Jet Set. La audiencia se centra en la acusación de homicidio involuntario derivada del colapso del techo del local durante una fiesta, evento que provocó la muerte de 236 personas y heridas a más de 180.
Acusación y pruebas
El Ministerio Público presentó una acusación de 156 páginas, la cual incluye 84 testigos y diversas pruebas documentales y materiales. Entre los testigos están profesionales forenses, ingenieros estructurales y testigos de la noche del suceso.
Participantes del proceso
Antonio y Maribel Espaillat comparecerán al juicio acompañados por sus abogados Miguel Valerio, Ramón Emilio Núñez y Carlos Alberto Polanco Rodríguez. En la vía civil, las empresas Inversiones E y L, S.R.L.; Difusora Hemisferio, S.R.L.; y Radio Cadena Comercial, S.R.L., junto con Eveline Espaillat y Ana Grecia López, son demandadas.
El Ministerio Público contará con la presencia de Wilson Camacho, procurador adjunto y director general de Persecución; Rosalba Ramos, fiscal titular del Distrito Nacional; y Héctor Joel García Acevedo, procurador general de la Corte de Apelación. Se sumarán los fiscales Magalys Sánchez, Miguel José Collado García, Rosa Ysabel Mejía, Enmanuel Antonio Ramírez Sánchez y Vladimir Viloria.
Los representantes legales de las víctimas incluyen a Ingrid Hidalgo, Laura Acosta, Carlos Salcedo, Luis Aybar, Yan Luis Martínez, Félix Humberto Portes y Plutarco Jaquez, entre otros abogados vinculados al proceso.
Contexto del juicio
El juez Franny González presidirá la audiencia después de que la magistrada Clara Luz Almonte de la Segunda Sala Penal se apartara del caso por mantener una relación de amistad cercana con una de las víctimas. El envío al juicio de fondo fue ordenado previamente por el juez Raymundo Mejía del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional tras valorar el expediente.
Durante la investigación, se excluyeron del proceso penal al Ayuntamiento del Distrito Nacional, al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y otras entidades estatales que habían sido señaladas inicialmente.
Medidas de coerción
Antonio y Maribel Espaillat recibieron una garantía económica de RD$50 millones, así como la obligación de presentarse periódicamente ante el juez y la prohibición de salir del país.
Relevancia y consecuencias
El caso, el más trágico en la historia de la República Dominicana, ha generado una intensa movilización social y exige una respuesta judicial clara. El juicio de fondo pretende establecer las responsabilidades penales y civiles de los propietarios y demás implicados, y determinar las reparaciones que deben recibir las familias de las víctimas.
Créditos de la fuente: diarioaldia.com
