Los imputados en la Operación Cobra contra la corrupción en el SeNaSa utilizaban recaudaciones políticas como pretexto para captar sobornos y destinarlos a compras de propiedades y creaciones de empresas fantasmas. Esta red captó miles de millones de pesos, perjudicando los servicios sanitarios de más de 7 millones de dominicanos asegurados en el Seguro Nacional de Salud.
Imputados y medidas solicitadas
El Ministerio Público pide 18 meses de prisión preventiva para diez personas, incluyendo al exdirector Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz y otros como Francisco Iván Minaya Pérez y Eduardo Read Estrella. Las pruebas muestran que fingían recaudaciones políticas para desviar fondos a inversiones personales.
Amplia investigación bajo nueva ley procesal
La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, informó que el caso aplica la Ley 97-25, nuevo Código Procesal Penal. Anunció más imputaciones, incluyendo médicos y profesionales de la salud, ya que “estos procedimientos no se hicieron solos”. Múltiples centros de salud están bajo escrutinio desde hace tiempo.
Contexto histórico de corrupción en SeNaSa
SeNaSa, entidad clave en el Sistema Dominicano de Seguridad Social desde 2001, ha enfrentado escándalos previos. En 2023, auditorías revelaron irregularidades en contratos por RD$500 millones, según informes de la Contraloría. La Operación Cobra judicializa el caso en fases para agilizar procesos, priorizando la recuperación de fondos públicos.
Los imputados crearon empresas de carpeta para administrar bienes adquiridos con sobornos disfrazados de recaudaciones políticas. Reynoso enfatizó: “Todo aquel que tocó un peso del SeNaSa debe responder”. El equipo investiga sin descanso para sanciones ejemplares y decomiso total.
- Impacto: Miles de millones desviados afectan atención médica básica.
- Alcance: Involucra directivos, proveedores y centros de salud.
- Próximos pasos: Variaciones de coerción y más arrestos inminentes.
Este caso resalta vulnerabilidades en el ARS estatal. Las recaudaciones políticas como excusa evidencian un entramado que el Ministerio Público desmantelará por completo, restituyendo cada peso al erario para fortalecer los servicios sanitarios.
