La DGCP ha establecido los nuevos umbrales topes que regirán las contrataciones públicas en República Dominicana a partir del 1 de abril de 2026. Esta actualización, contenida en la resolución PNP 03-2026, responde a la Ley No. 47-25 y se basa en el presupuesto de ingresos corrientes del Gobierno central, aprobado en RD$1,340,556,923,171 para el año entrante.
Estos umbrales topes determinan los procedimientos de selección para bienes, servicios y obras, promoviendo transparencia y eficiencia en el sector público. Históricamente, ajustes similares en años previos, como en 2025 bajo la Ley 99-25, han buscado alinear las contrataciones con la inflación y el crecimiento económico, reduciendo riesgos de corrupción según expertos en procurement.
Licitationes públicas y abreviadas
Para obras, la licitación pública aplica desde RD$406,713,345.70, incluyendo aquellas complejas. Bienes y servicios requieren este procedimiento desde RD$6,436,757.51. La licitación abreviada cubre bienes y servicios comunes desde ese mismo monto, agilizando procesos estandarizados.
Umbrales topes para sorteos y contratación simplificada
Los sorteos de obras no complejas y reparaciones menores van de RD$201,083,538.48 a RD$406,713,345.69. La contratación simplificada, similar a la comparación de precios anterior, establece límites de RD$53,622,276.93 a RD$201,083,538.47 para obras no complejas, y RD$2,010,835.38 a RD$6,436,757.51 para bienes y servicios comunes.
- Contratación menor de obras: Hasta RD$53,622,276.92.
- Bienes y servicios: RD$268,111.38 a RD$2,010,835.37.
- Contratación directa: Hasta RD$268,111.37 para comunes estandarizados.
Estos umbrales topes se calculan multiplicando el presupuesto por factores legales, asegurando adaptabilidad anual. La DGCP enfatiza su obligatoriedad para todas las entidades hasta nueva disposición.
Impacto en la economía dominicana
Expertos destacan que estos umbrales topes fortalecen la competencia en contrataciones públicas, con datos del Banco Central indicando que el 70% de obras estatales en 2025 usaron procedimientos simplificados. Esto podría elevar la ejecución presupuestaria en 2026, alineándose con metas de desarrollo sostenible. La norma vigente desde el SECP anterior ha evolucionado para mayor precisión, minimizando discrecionalidad.
En contexto, la Ley 47-25 reemplazó marcos obsoletos, incorporando tecnología para monitoreo. Funcionarios de la DGCP confirman que los cálculos consideran inflación proyectada del 4%, manteniendo equidad. Todos los umbrales topes entran en vigor pronto, impactando miles de procesos anuales.
