El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, firmó el Decreto Supremo 5600 para anular varias normas que habilitaron la contratación directa en obras públicas. Esta medida busca erradicar un mecanismo de corrupción que movió 1.235 millones de dólares durante 20 años, en los gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).
“Este decreto es un ataque directo a un modelo de la corrupción y a un sistema que lo sostenía”, declaró Paz Pereira en La Paz, junto a los ministros de la Presidencia, José Luis Lupo, y de Economía, José Gabriel Espinoza. La norma deroga 161 decretos que permitían excepciones al sistema de licitaciones, promoviendo adjudicaciones sin competencia ni control.
Mecanismo de corrupción en obras emblemáticas
Entre los casos citados, Paz Pereira mencionó el Museo de Orinoca, dedicado a Evo Morales, con un costo de 8 millones de dólares adjudicados directamente. Otras irregularidades afectaron hospitales, escuelas y edificaciones estatales. “La contratación directa se convirtió en corrupción directa“, afirmó el mandatario.
El ministro Lupo explicó que el decreto transparenta procesos, elimina direccionamientos y ordena auditar gestiones pasadas para identificar responsables. Los ministerios tendrán 30 días para reglamentar el relevamiento de contratos.
Impacto en gobiernos del MAS y niveles locales
Adjudicaciones directas en el Gobierno central
Las prácticas se extendieron al Gobierno central del Movimiento al Socialismo (MAS), gobernaciones y municipios. El requisito para contratos millonarios era ser amigo, pariente o militante del partido, incentivando disputas políticas por control territorial.
- Anulación de 161 decretos supremos como excepción al Decreto 0181 de 2009.
- Auditorías exhaustivas en ministerios para detectar irregularidades.
- Obligación de licitaciones competitivas en todas las compras públicas.
Contexto histórico de la contratación directa
Durante casi dos décadas, este sistema permitió seleccionar proveedores únicos sin comparación de ofertas, afectando precios justos y control ciudadano. Fuentes gubernamentales destacan que revierte un “Estado tranca”, avanzando hacia eficiencia y transparencia.
Expertos en administración pública coinciden en que estas normas facilitaron desvíos, con cifras revisadas que varían entre 96 millones y 1.235 millones de dólares según relevamientos iniciales. Paz Pereira subrayó: “Esto se acabó. Derrotamos al mecanismo de corrupción“.
El presidente de Bolivia impulsa esta reforma para restaurar confianza en el manejo de recursos estatales, marcando un quiebre en la gestión pública y combatiendo el mecanismo de corrupción arraigado en la contratación directa de obras.
