Comerciantes detallistas enfrentan quiebra masiva en 2025

Comerciantes detallistas enfrentan quiebra masiva en 2025

La Central Nacional de Detallistas Unidos (CNDU) advirtió que el sector comercial detallista terminará el año 2025 al borde de una quiebra masiva producto de altos costos operativos, competencia desleal y ausencia de regulaciones efectivas. Según su presidente, Ricardo Rosario, a pesar de ser líderes en la distribución de alimentos, los comerciantes detallistas operan en condiciones muy precarias y fragmentadas frente al avance de grandes cadenas y supermercados.

Desigualdad ante grandes cadenas y altos costos operativos

Durante un desayuno informativo para sus miembros, Rosario puntualizó que las grandes superficies aplican economía de escala que les permite abaratar costos, compitiendo de forma desigual con los pequeños comercios. Estos últimos enfrentan gastos operativos que representan entre el 19% y el 23% de sus ventas, dependiendo de la ubicación.

Entre los gastos más significativos están el pago de alquileres, electricidad, transporte, salarios, combustibles, arbitrios y sobre todo, los altos intereses por financiamiento. Más allá de esos costos, los comerciantes detallistas sufren constantes alzas en precios y servicios, inseguridad ciudadana, falta de regulación fiscal y laboral adecuada, además de deficiencias en los programas de seguridad social, vivienda y pensiones.

Impacto del programa Supérate y exclusión del sector

Una medida gubernamental que agrava la situación es la transferencia del programa social Supérate a grandes negocios. Originalmente diseñado para beneficiar a más de cinco mil colmados y pequeños almacenes, la distribución ahora favorece a supermercados que concentran la entrega de alimentos, marginando a los detallistas. Un solo establecimiento puede manejar hasta cinco cajas para atender beneficiarios, lo que reduce significativamente la participación de los minoristas más pequeños.

Estrategias para la sostenibilidad del comercio detallista

Conscientes del panorama, la CNDU coordina actividades de sensibilización con expertos como José Luis Ravelo y Rafael Fernández, orientadas a fortalecer las capacidades de colmados y medios supermercados para mantener su competitividad. Las propuestas se centran en cinco ejes principales:

  • Disminución de costos operativos
  • Estabilidad de precios
  • Formalización del sector
  • Creación de nuevos empleos
  • Participación exclusiva de detallistas en el programa Aliméntate de Supérate

Financiamiento y distribución estratégica

Para reducir costos operativos, Ricardo Rosario propone un financiamiento facilitado por el Banco Agrícola y Bandex para construir cinco centros regionales de distribución de alimentos climatizados. Estos abastecerían a unos 50 mil negocios detallistas, garantizando estabilidad en precios mediante compras directas a productores nacionales e importadores, estableciendo niveles oficiales para minoristas y consumidores finales.

Simplificación fiscal y formalización laboral

En materia fiscal, se propone un acuerdo con el Ministerio de Hacienda para implementar el Registro Nacional del Monotributo (RNM) a través de la Dirección General de Impuestos Internos. Esto facilitaría el pago de impuestos y permitiría que cooperativas actúen como agentes de retención tanto de impuestos como aportes a la Tesorería de la Seguridad Social, promoviendo así la formalización que generaría empleos con mejores condiciones laborales y salariales.

La discusión sobre la situación crítica de los comerciantes detallistas evidencia un desequilibrio estructural en el comercio minorista dominicano. El avance acelerado de grandes cadenas y la exclusión de programas sociales diseñados para pequeños negocios ponen en riesgo la subsistencia de miles de detallistas. La implementación efectiva de las propuestas de la CNDU podría ser clave para evitar que el comercio detallista termine 2025 en la quiebra.

En definitiva, el sector comerciantes detallistas se pronostica terminará 2025 con graves problemas financieros si no se toman medidas para reducir costos operativos, garantizar igualdad competitiva y asegurar su participación en programas sociales estatales.

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