En el caso Calamar, los imputados, entre ellos los exministros Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, se presentan hoy ante los magistrados del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. El Ministerio Público reitera su acusación por asociación de malhechores y otros delitos graves.
Acusaciones del Ministerio Público en el caso Calamar
El órgano acusador expone pruebas contra 46 personas físicas y jurídicas. Los cargos incluyen asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos, soborno, financiamiento ilícito de campaña y lavado de activos. El monto presuntamente desviado supera los 19 mil millones de pesos, según el expediente judicial.
La estructura alegada operaba mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, desviando fondos de contribuyentes. Parte de esos recursos habría financiado la campaña electoral de 2020, según la fiscalía.
Imputados destacados en el caso Calamar
Ex altos funcionarios y otros involucrados
- Exministros de Hacienda, Administrativo de la Presidencia y Obras Públicas: Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta.
- Exsenador Rafael Calderón.
- Abogado Ángel Lockward y Luis Miguel Piccirilo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA).
- Roberto Santiago Moquete Ortiz, Aldo Antonio Gerbasi Fernández (exfuncionario de Hacienda), Julián Omar Fernández Figueroa (exencargado de Juegos de Azar) y Claudio Silver Peña (exdirector de Catastro Nacional).
- Otros: Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, hermanos Ana Linda y Emir José Fernández de Paola, Óscar Chalas Guerrero, Agustín Mejía y Víctor Matías Encarnación.
Contexto histórico del caso Calamar
Este escándalo surge de irregularidades en expropiaciones durante gestiones pasadas, con investigaciones que datan de años previos. Expertos en derecho penal destacan que el caso Calamar expone vulnerabilidades en el manejo de fondos públicos para infraestructuras. La Fiscalía ha presentado réplicas sólidas, respaldadas por auditorías que confirman pagos ficticios por terrenos sobrevalorados.
El proceso judicial avanza con la revisión de documentación clave. Analistas observan que el volumen de pruebas podría extender las audiencias, pero fortalece la transparencia en el sistema.
En el caso Calamar, el tribunal evalúa si la supuesta red delictiva operó sistemáticamente. El Ministerio Público insiste en la solidez de su planteamiento, mientras los imputados preparan defensas. Este desarrollo marca un hito en la lucha contra la corrupción en República Dominicana, con implicaciones para la confianza pública en instituciones estatales.
