El Gobierno español, liderado por Pedro Sánchez, aprobó un proyecto para blindar el derecho al aborto en la Constitución, garantizando su acceso en la sanidad pública. Esta reforma constitucional modifica el artículo 43, que regula la protección de la salud, para reconocer explícitamente la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho de las mujeres, con obligación estatal de proveerlo en igualdad efectiva.
Inspiración en Francia y procedimiento legal
La iniciativa sigue el modelo de Francia, primer país en inscribir este derecho en su Constitución en marzo de 2024, tras despenalizarlo en 1975. El Consejo de Ministros dio luz verde al texto tras informe favorable del Consejo de Estado, que lo avaló con 16 votos a favor y 4 en contra, sugiriendo ajustes para enfatizar la garantía pública del servicio.
El nuevo apartado propuesto establece: “Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho al aborto con prestaciones necesarias”. Esto busca evitar “dinámicas regresivas” y asegurar al menos un hospital público por comunidad autónoma para estas intervenciones.
Desafíos parlamentarios para la reforma constitucional
Mayoría de tres quintos y rechazo del PP
La reforma constitucional exige tres quintos de votos en Congreso (al menos 210 diputados) y Senado, vía artículo 167. Con la aritmética actual, depende del Partido Popular (PP), que ya rechazó la propuesta. El PP argumenta que el aborto ya está protegido por sentencia del Tribunal Constitucional de 2023, que lo consideró derecho esencial.
La portavoz Elma Saiz defendió la medida para avanzar en la autodeterminación femenina. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, alertó: “No está en riesgo la libertad, pero sí su ejercicio efectivo”. Datos revelan que el 79% de abortos ocurre en clínicas privadas y solo 20% en públicas, destacando desigualdades territoriales.
Contexto histórico y críticas
España reformó su ley de aborto en 2010 y 2023, ampliando plazos y eliminando consentimiento parental para menores de 16-17 años, avaladas por el Tribunal Constitucional pese a recursos de PP y Vox. Críticos como juristas señalan que moverlo al artículo 43 lo degrada de derecho fundamental a prestación sanitaria, limitando recursos como el amparo constitucional y regulándolo por ley ordinaria en vez de orgánica.
- Blindar el derecho al aborto responde a olas regresivas globales, per Redondo.
- Evita el procedimiento agravado, optando por vía ordinaria más simple.
- El Tribunal Constitucional ya lo reconoció en 2023 como esencial.
Esta reforma constitucional busca consolidar blindar el derecho al aborto ante cambios políticos, aunque su viabilidad pende de consensos. Fuentes gubernamentales insisten en su urgencia para igualdad real en todo el territorio español.
