El caso del fallecimiento de Albert de Jesús Aracena, ocurrido el 25 de agosto en el sector La Chancleta, Espáillat, sigue bajo investigación mientras la familia espera el informe médico‑forense definitivo. Rafi Lora, su representante legal, ha señalado que el documento divulgado como acta de defunción es una certificación provisional emitida por el Instituto Nacional de la Carrera de la Identidad y la Fomento (INACIF), y que no refleja la conclusión final de la autopsia.
Lora explicó que la certificación registra “asfixia mecánica”, una expresión médica que, por sí sola, no permite determinar con exactitud qué provocó el fallecimiento. Según el abogado, sólo cuando se reciban los resultados completos de los estudios realizados al cuerpo podrá establecerse si existen indicios de golpes, contusiones, obstrucción de respiración o ahogamiento, entre otros mecanismos.
Proceso forense y tiempos estimados
El representante legal indicó que la obtención del informe final puede tardar aproximadamente 25 días, un mes o más, dependiendo de los procedimientos necesarios. Este lapso es típico en casos donde se requiere una investigación profunda de los restos y la recolección de pruebas complementarias.
Hallazgo y circunstancias del cuerpo
El cuerpo de Albert de Jesús fue encontrado el 25 de agosto en el paraje del mismo nombre. Tras varios días, fue entregado a sus familiares. La familia ha mantenido una reconstrucción de los hechos que difiere de las versiones circulantes en redes sociales, las cuales sugieren una posible intervención de terceros y la aparición del cuerpo flotando en una piscina al día siguiente.
Iván Arias, propietario del establecimiento New York Grill, fue mencionado en las teorías circulantes. Lora rechazó esas explicaciones y enfatizó que la familia cuenta con una versión alternativa de los hechos.
Posibles evidencias y pruebas
El abogado indicó que existen testigos potenciales que podrían aportar información relevante, aunque las pruebas mencionadas no han sido presentadas públicamente en su totalidad. Asimismo, se menciona la existencia de una certificación relacionada con la eliminación de imágenes y el retiro de DVD que contenían grabaciones, documentos que serán incorporados al proceso judicial.
Lora considera que el manejo de dichas grabaciones podría constituir una acción destinada a dificultar el esclarecimiento del caso, y sugiere una posible calificación jurídica por obstrucción de justicia.
Participación de la DICAT y posible responsabilidad penal
El abogado también espera los resultados de un análisis realizado por la Dirección Central de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (DICAT) sobre dispositivos incautados en el contexto del caso.
Se hace referencia a un ciudadano haitiano que, según el relato, estaría vinculado al enterramiento del cuerpo. Rafi Lora ha subrayado que la familia no contempla una negociación económica y ha declarado que dejaría su representación si se intentara llegar a un acuerdo de ese tipo. Se menciona un rumor sobre una posible oferta de 20 millones, pero no se ha presentado una confirmación independiente de dicha información.
Créditos de la fuente: diarioaldia.com
