España junto a varias naciones europeas hizo público este lunes un alegato contra X (anteriormente conocido como Twitter), a través de la organización austriaca dedicada a la privacidad, Noyb, por infringir la normativa de la Unión Europea (UE) al aprovechar sin autorización los datos de millones de sus usuarios para el perfeccionamiento de su inteligencia artificial (IA).
La entidad no gubernamental imputa a la plataforma propiedad del empresario Elon Musk, de nutrir su sistema de inteligencia artificial empleando información personal de aproximadamente 60 millones de usuarios en Austria, Bélgica, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Polonia y España, sin realizar el debido proceso de notificación ni obtener su consentimiento, un requisito según la legislación europea.
Ya que X ha empezado a procesar esta información privada y ante la ausencia de una alternativa para borrar los datos ya utilizados, Noyb ha pedido un “proceso de emergencia” para que las autoridades intervengan con prontitud, solicitando la paralización inmediata de esta práctica.
La ONG ha comentado que aunque la Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC) ya inició acciones legales contra X, estas se perciben basadas en elementos “menores” y no abordan la verdadera cuestión, que es el consumo ilegal y masivo de datos privados de ciudadanos europeos.
“La DPC parece tomar medidas superficiales, y no enfocarse en la raíz del asunto”, manifiesta el letrado Max Schrems, fundador de Noyb y conocido por una demanda anterior que anuló el convenio de transferencia automática de datos entre la UE y Estados Unidos.
De acuerdo con dicha ONG, la mayor parte de los usuarios se enteró de los nuevos ajustes sobre IA a través de una publicación que se hizo viral en X el 26 de julio de 2024, en vez de recibir una comunicación directa de la empresa que les permitiera rechazar.
Noyb, un acrónimo de ‘None of your business’ (‘No es asunto tuyo’), exige una investigación detallada sobre las acciones de X y espera respuestas a varias preguntas como el método que utiliza la compañía para diferenciar los datos de sus clientes europeos -un requerimiento de las normativas comunitarias- de los de otros usuarios.
Los defensores de la privacidad destacan que la presentación de la queja ante los entes reguladores de protección de datos de nueve países es para intensificar la presión sobre X y asegurar su cumplimiento con los principios fundamentales del marco legal europeo.
Para concluir, Noyb recalca que había una solución simple que X ha decidido ignorar, la cual consiste en solicitar explícitamente el consentimiento de los usuarios para el tratamiento de sus datos.
“Con que un mínimo porcentaje de los 60 millones de usuarios diera su aprobación para la capacitación de sus sistemas de IA, Twitter dispondría de más que suficiente material para entrenar cualquier nuevo modelo de IA. Sin embargo, parece que pedir el consentimiento no está en la agenda actual de Twitter”, critica Noyb.
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