La Segunda Marquetalia ordenó el asesinato de Miguel Uribe Turbay, según la confesión de un condenado clave en el caso. Este testimonio fortalece las sospechas sobre la disidencia de las FARC como responsable intelectual del magnicidio que conmocionó a Colombia.
Simeón Pérez Marroquín, sentenciado a más de 22 años de prisión, admitió su rol en la coordinación del atentado contra Miguel Uribe Turbay. Actúo como enlace entre la Segunda Marquetalia y los ejecutores. La orden vino directamente de Zarco Aldinever, figura vinculada al grupo, financiado con cerca de 1.000 millones de pesos colombianos. Recursos extras se usaron para sobornos y amenazas que obstruyeron la justicia.
Detalles del ataque en Bogotá
El senador de 39 años, del Centro Democrático, recibió dos disparos en la cabeza el 7 de junio de 2025, durante un acto político en Bogotá. Falleció el 11 de agosto tras dos meses hospitalizado, generando conmoción nacional. Un menor de edad ejecutó el disparo, ya condenado junto a otras ocho personas capturadas.
Antecedentes de la Segunda Marquetalia y violencia política
La Segunda Marquetalia, liderada por Iván Márquez, surgió en 2019 tras el rechazo al acuerdo de paz de 2016. Reúne exnegociadores FARC y opera en zonas fronterizas con Venezuela, donde se planearon reuniones para este crimen. Autoridades colombianas la señalan por narcotráfico, extorsión y ataques selectivos. En 2025, Colombia registró 25 líderes políticos asesinados, según Indepaz, reavivando debates sobre protección a candidatos.
Investigación en curso y contexto histórico
Las pesquisas buscan esclarecer la cadena de mando completa de la Segunda Marquetalia. Históricamente, disidencias FARC han perpetrado magnicidios como el de Álvaro Gómez Hurtado en 1995, atribuido luego a estructuras similares. Expertos como el analista Alfredo Rangel destacan que estos grupos financian operaciones con economías ilícitas, amenazando la estabilidad postconflicto. La Fiscalía avanza en capturas transfronterizas, con cooperación venezolana limitada.
- Capturas: 9 implicados, varios condenados.
- Financiamiento: 1.000 millones de pesos.
- Planificación: Reuniones en frontera Venezuela-Colombia.
Este caso expone la persistencia de la Segunda Marquetalia como amenaza a la democracia colombiana, urgiendo medidas contra la violencia política. La verdad judicial podría desmantelar redes clave del grupo.
