La Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, decidió abandonar la investigación sobre si las sanciones de EEUU a Venezuela podían clasificarse como crímenes de lesa humanidad. Los fiscales del tribunal informaron esta decisión tras un examen preliminar exhaustivo, concluyendo que no hay pruebas suficientes de intención criminal requerida para avanzar[HTML fuente].
Origen de la denuncia venezolana
El gobierno venezolano presentó la solicitud en 2020, calificando las sanciones de EEUU a Venezuela como “medidas coercitivas ilegales”. Estas incluyeron congelaciones de activos y prohibiciones de viaje contra funcionarios, iniciadas en 2015 bajo el mandato de Barack Obama y endurecidas posteriormente por Donald Trump en respuesta a la crisis política y económica en el país sudamericano. Venezuela argumentó que provocaron sufrimiento generalizado en la población, exacerbando la escasez de alimentos y medicinas.
Sanciones de EEUU a Venezuela: falta de elementos para cargos
Análisis de la fiscalía de la CPI
En su comunicado, la fiscalía reconoció que las sanciones de EEUU a Venezuela agravaron una situación humanitaria ya crítica, con hiperinflación que superó el 1.000.000% en 2018 según el FMI y migración masiva de más de 7 millones de venezolanos hasta 2025, de acuerdo con ACNUR. Sin embargo, no se demostró la intención específica de causar daño generalizado, elemento clave para calificarlas como crímenes de lesa humanidad bajo el Estatuto de Roma.
Expertos en derecho internacional, como el profesor de la Universidad de Nueva York Jérémie Gilcher, han señalado que las sanciones buscan presionar cambios políticos sin violar normas del derecho penal internacional, diferenciándolas de actos deliberados de genocidio o persecución.
Otras investigaciones en curso
Esta resolución no impacta otras indagaciones de la CPI sobre Venezuela. Continúa el análisis de presuntos crímenes de lesa humanidad por fuerzas de seguridad durante la represión de protestas desde 2017, incluyendo torturas y detenciones arbitrarias. La CPI, encargada de juzgar genocidio, crímenes de guerra y lesa humanidad cuando los tribunales nacionales fallan, mantiene su rol imparcial.
- Contexto histórico: Las sanciones de EEUU a Venezuela se ampliaron en 2019 contra PDVSA, afectando exportaciones petroleras que representaban el 95% de ingresos.
- Opiniones divididas: Gobiernos aliados a Caracas las tildan de unilaterales; EEUU las defiende como herramienta contra corrupción y violaciones de derechos humanos.
La decisión subraya los límites del derecho internacional en disputas económicas. Las sanciones de EEUU a Venezuela persisten, mientras el país enfrenta retos persistentes en su economía y gobernanza.
