Amnistía Internacional pidió a República Dominicana separar el acceso a la salud del control migratorio y garantizar que nadie sea discriminado, detenido o expulsado después de recibir atención médica. La solicitud llega en un momento sensible, luego de que el país caribeño asumiera la presidencia de la Asamblea Mundial de la Salud.
El llamado coloca de nuevo sobre la mesa un debate que no es nuevo en la región: hasta dónde pueden los Estados controlar sus fronteras sin afectar servicios básicos que, por su naturaleza, deben prestarse con criterios médicos y no migratorios. En el centro está el derecho a la atención sanitaria y el principio de no discriminación.
La organización sostuvo que la atención médica debe ser segura para todas las personas, sin importar su estatus migratorio. En su comunicado, remarcó que recibir asistencia en un centro de salud no puede convertirse en una ruta hacia la detención o la expulsión. Ese enfoque, advierte, puede empujar a pacientes a evitar hospitales, lo que agrava riesgos sanitarios individuales y colectivos.
Separar el acceso a la salud del control migratorio también implica proteger al personal médico y a las instituciones sanitarias de funciones ajenas a su labor. En términos prácticos, los hospitales y centros de atención primaria deben priorizar diagnósticos, urgencias y tratamiento, no la verificación migratoria.
Qué está en juego para República Dominicana
República Dominicana tiene un rol relevante en la discusión regional por su condición de país receptor y por la presión que enfrenta en materia migratoria, especialmente en la frontera con Haití. En ese contexto, organizaciones de derechos humanos han advertido que cualquier medida de control debe evitar que el sistema de salud sea usado como filtro de identificación migratoria.
- Acceso oportuno a consultas, emergencias y tratamientos.
- Confianza del paciente para acudir a un centro médico sin temor.
- Protección sanitaria pública, al reducir la evasión de atención por miedo a sanciones.
Un debate regional sobre salud y migración
En América Latina y el Caribe, el vínculo entre migración y acceso a servicios básicos ha ganado peso en los últimos años por el aumento de los flujos mixtos y por la presión sobre sistemas públicos ya limitados. La Organización Mundial de la Salud ha insistido en que la cobertura sanitaria universal solo es efectiva cuando el acceso depende de la necesidad clínica, no de documentos.
En esa línea, la petición de Amnistía Internacional no se limita a un caso puntual. Busca fijar una regla clara: que una consulta médica no se transforme en un mecanismo de vigilancia migratoria. Para los defensores del derecho a la salud, esa separación es clave para prevenir desigualdad, retrasos en la atención y riesgos de salud pública.
El mensaje de fondo es directo: la salud no debe funcionar como una extensión del control fronterizo.
Mientras República Dominicana asume responsabilidades internacionales en salud, el reclamo de AI pone presión sobre la coherencia entre el discurso oficial y la práctica cotidiana. Si separar el acceso a la salud del control migratorio se convierte en política efectiva, el país podría reducir tensiones y reforzar garantías básicas para pacientes vulnerables.
