La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional ordenó que Wirme Manuel Geraldo permanezca en prisión preventiva por tres meses tras ser acusado por el Ministerio Público de matar a su pareja, Yanely Yohanna Soto, en San Carlos. El incidente tuvo lugar la noche del 6 de septiembre cuando el imputado ingresó a una banca de lotería donde la víctima laboraba y la agredió con un objeto contundente antes de huir. Soto resultó gravemente herida y fue hallada al día siguiente por una compañera de trabajo, quien alertó al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9‑1‑1. Fue trasladada al hospital y estuvo varios días en la unidad de cuidados intensivos, donde falleció el 12 de septiembre como consecuencia de las lesiones.
Determinación de la medida de coerción
El imputado fue arrestado el 13 de septiembre mediante una orden judicial. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía del Distrito Nacional, sostiene que cuenta con elementos de prueba que lo vinculan con el hecho y solicitó la prisión preventiva al considerar que existe riesgo de fuga. El juez Rigoberto Sena fijó para el 17 de diciembre de 2026 la revisión obligatoria de la medida de coerción, mientras las autoridades continúan con el proceso judicial. Geraldo deberá cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, en San Antonio de Guerra.
Contexto y consecuencias
La violencia doméstica sigue siendo una problemática grave en la República Dominicana, con cifras alarmantes que evidencian la necesidad de medidas más efectivas para proteger a las víctimas y prevenir futuros delitos. El caso de San Carlos resalta la importancia de la rápida actuación policial y judicial cuando se presentan denuncias de agresión con muerte.
Relevancia para la sociedad dominicana
La decisión de imponer prisión preventiva busca garantizar la integridad de la investigación, evitar posibles manipulaciones del testimonio y asegurar la presencia del imputado durante el proceso. Además, refleja el compromiso de las instituciones con la aplicación de la justicia y la protección de los derechos humanos.
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