La libertad de expresión volvió al centro del debate legislativo en el Senado, luego de que fueran rechazadas tres propuestas del senador Omar Fernández dentro del estudio del nuevo Código Penal. La discusión se concentró en dos frentes: los límites al discurso público y las sanciones por disparos al aire que terminan en lesiones o muertes.
La mayoría de 21 senadores votó en contra de las modificaciones sometidas por el legislador del Distrito Nacional, representante de la Fuerza del Pueblo. Una de las propuestas buscaba cambiar el artículo 123 sobre acoso u hostigamiento cibernético, mientras que otra pretendía eliminar los párrafos I y III del artículo 211, vinculados con actos considerados no difamatorios o injuriosos.
Fernández sostuvo que esa redacción podía abrir espacio a una forma de censura previa, al condicionar el ejercicio de la libertad de expresión a requisitos no previstos por la Constitución. El senador defendió que las opiniones sobre asuntos de interés público no deben depender de permisos implícitos, y que los conflictos por daño deben resolverse en los tribunales, no antes de la publicación o la crítica.
“Las opiniones y críticas sobre asuntos de interés público no deben depender de autorizaciones implícitas”, afirmó el legislador durante su intervención.
Libertad de expresión y sanciones por disparos al aire
Propuesta de penas más severas
La tercera modificación planteaba el artículo 161 para crear un régimen de sanciones proporcional al daño causado por los disparos al aire. Fernández pidió diferenciar entre lesiones no permanentes, permanentes y los casos con resultado de muerte, con el objetivo de responder con mayor rigor a una práctica que sigue dejando víctimas inocentes.
El senador insistió en que su posición no era contra el proyecto en general. Por el contrario, respaldó la aprobación de un nuevo Código Penal y recordó que la legislación vigente responde a una realidad muy distinta a la criminalidad actual.
Un nuevo Código Penal con ajustes pendientes
Durante el debate, Fernández defendió que el país necesita herramientas legales modernas para enfrentar delitos como el sicariato, las estafas piramidales e inmobiliarias, el robo de identidad, el uso de sustancias químicas para agredir personas, el abandono de menores, el hostigamiento cibernético y el cúmulo de penas. A su juicio, esos avances no impiden corregir artículos que puedan afectar derechos fundamentales como la libertad de expresión.
El caso vuelve a colocar al Congreso ante una tensión clásica del derecho penal: ampliar la capacidad del Estado para sancionar delitos graves sin debilitar garantías constitucionales. En esa línea, el voto del Senado marca que, al menos por ahora, la mayoría legislativa prefirió mantener intacta la redacción observada por Fernández.
Libertad de expresión y el debate del Código Penal
El rechazo no cierra la discusión política. Por el contrario, la deja abierta en una pieza legislativa que todavía concentra reparos en sectores que reclaman mayor precisión técnica, especialmente cuando una norma puede incidir en la libertad de expresión, la seguridad ciudadana y el alcance de la responsabilidad penal.
Fernández resumió su postura con una frase que dejó claro el tono del debate: “Este no es un debate entre quienes apoyan o rechazan el Código. Es un debate sobre cómo entregar al país el mejor Código posible”.
La votación confirma que la libertad de expresión seguirá siendo uno de los puntos más sensibles del nuevo Código Penal, junto con la regulación de conductas violentas que el legislador considera urgentes de sancionar con mayor dureza.
