La Fuerza del Pueblo presentó un informe crítico que expone irregularidades profundas en la estrategia de seguridad ciudadana del país, señalando que existe un desorden institucional que obstaculiza cualquier avance real contra la criminalidad. Josefina Reynoso, secretaria de Seguridad Ciudadana de la organización política, denunció que la improvisación caracteriza el período actual de gobierno y que los planes implementados carecen de coherencia y sostenibilidad.
Contradicciones en datos de criminalidad
Uno de los hallazgos más preocupantes del análisis es la discordancia entre los datos oficiales manejados por diferentes instituciones. Mientras la Policía Nacional, el Ministerio de Interior, la Oficina Nacional de Estadística y la Procuraduría presentan cifras distintas sobre homicidios, el Observatorio de Seguridad Ciudadana permanece prácticamente inactivo sin actualizaciones desde 2023. Esta fragmentación informativa genera confusión en la ciudadanía sobre la magnitud real del problema.
Las variaciones en las tasas de homicidios reflejan esta desorganización: cifras oficiales fluctúan entre 8.15 y 8.7 por cada 100 mil habitantes, mientras que cálculos de Fuerza del Pueblo basados en datos institucionales sitúan la tasa en 12.71, equivalente a 1,392 muertes violentas durante 2025. Esta disparidad expone la falta de transparencia y mecanismos de verificación entre entidades.
Irregularidades en la estructura y reforma policial
El informe también destacó problemas administrativos grave. El comisionado de la Policía recibe un salario mensual de RD$2,336,400, acumulando RD$56,073,000 durante su contrato, cifra 22 veces superior al salario del director de la institución. Esta asignación, realizada mediante mecanismo de excepción, refleja el desorden en la estructura de fallas institucionales que caracterizan la gestión actual.
Reynoso describió la reforma policial como un proceso “ejecutado al revés”, donde se implementaron cambios sin sustento legal adecuado. El aumento salarial otorgado a agentes fue absorbido en un 34% por inflación y devaluación, manteniendo a los policías en condiciones precarias. Simultáneamente, el 74% de los destacamentos carece de conectividad e infraestructura adecuada, contradiciendo anuncios oficiales de modernización.
Debilidades operativas en prevención del delito
Las fallas institucionales se extienden también a la capacidad operativa. Más del 75% de los destacamentos no cuenta con condiciones dignas para realizar labor policial eficiente. La formación técnica es insuficiente para que los agentes enfrenten desafíos de seguridad moderna, lo que limita la inteligencia policial y prevención del delito frente a nuevas amenazas como drogas sintéticas y tráfico de fentanilo.
Programas de seguridad ciudadana sin dirección
La constante creación y abandono de iniciativas como “Mi País Seguro” y “Garantía de Paz” evidencia ausencia de estrategia sostenida. Sin una política coherente de seguridad ciudadana, estos programas generan expectativas incumplidas entre la población.
Reynoso enfatizó que la seguridad ciudadana no puede ser administrada como discurso político. El país requiere instituciones sólidas, datos verificables, tecnología preventiva y una estrategia clara que restaure la confianza ciudadana y reduzca los índices de criminalidad. Sin estos cambios estructurales, el ciclo de desorden e ineficacia continuará afectando a familias dominicanas.
