Una madre fue condenada a 15 años de prisión por actos de tortura y barbarie contra su hija recién nacida en el municipio de Miches. Anyelina Vásquez Sosa fue declarada responsable de estos delitos por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de El Seibo. La sentencia se emitió el 10 de septiembre, después de un proceso judicial que comenzó en junio de 2025, cuando la bebé fue trasladada al Hospital Pediátrico Dr. Robert Reid Cabral debido a las lesiones que presentaba.
Según el expediente presentado por el Ministerio Público, la investigación comenzó después de que el centro de salud notificara la situación mediante la Línea Vida, lo que permitió activar el protocolo de protección infantil y posteriormente detener a la madre en Miches. Durante la etapa inicial del proceso, Vásquez Sosa ofreció declaraciones a medios de comunicación y aseguró que las lesiones de la bebé se habrían producido porque la menor supuestamente se le cayó, negando haberle causado daño de manera intencional.
Investigación y pruebas
Sin embargo, las evaluaciones médicas y las pruebas incorporadas al expediente fueron valoradas por las autoridades judiciales, quienes determinaron que existían elementos suficientes para establecer su responsabilidad penal en el caso. La bebé fue evaluada por especialistas luego de ser ingresada al hospital, donde los estudios médicos documentaron múltiples lesiones que dieron origen a la investigación y al proceso llevado ante los tribunales.
La acusación estuvo sustentada por la fiscalizadora Sugeiry Guilamo Cedano, coordinadora de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos intimos de El Seibo. Por disposición de la Ley núm. 136-03, la identidad de la menor permanece bajo reserva para proteger sus derechos y evitar su exposición pública.
Condena y protección de la niña
Con la decisión judicial, el tribunal estableció la sentencia contra Vásquez Sosa por los hechos acreditados durante el proceso, mientras la protección de la niña continúa bajo las medidas correspondientes. La condena de 15 años de prisión refleja la gravedad de los delitos cometidos y la importancia de proteger a los menores de edad contra la violencia y el maltrato.
Créditos de la fuente: diarioaldia.com
