La facturación electrónica en contrataciones públicas fue declarada obligatoria por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), según informaron ambas entidades a través de una circular conjunta publicada. La medida, respaldada por la Ley 32-23 de Facturación Electrónica y la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas, implica que todas las facturas emitidas dentro de los procedimientos estatales deberán generarse de manera digital y validada por la autoridad fiscal.
Implicaciones para proveedores y entidades estatales
La disposición sobre facturación electrónica en contrataciones públicas afecta tanto a los proveedores del Estado como a las instituciones públicas. Los proveedores deben regularizar su estatus ante la DGII y solicitar autorización como emisores electrónicos. Por su parte, los organismos deben adaptar sus pliegos de condiciones e incluir requisitos específicos relativos a la emisión y recepción de facturas electrónicas para cumplir con la nueva normativa.
- Actualmente, 611 grandes contribuyentes ya poseen la obligación formal de emitir comprobantes fiscales electrónicos.
- Esta exigencia se extiende ahora a todas las compras y contrataciones financiadas por el Estado.
Transparencia, eficiencia y trazabilidad fiscal
Los directores Luis Valdez Veras (DGII) y Carlos Pimentel Florenzán (DGCP) manifestaron que la facturación electrónica en contrataciones públicas representa un avance significativo en la administración pública dominicana. El nuevo sistema de facturación electrónica busca fortalecer la transparencia, agilizar los pagos, mejorar la trazabilidad del gasto público y facilitar la interoperabilidad entre los diferentes organismos. Como resultado, se espera un aumento en la rendición de cuentas y la consolidación de una gestión estatal más moderna y responsable.
Normativa y plazos de cumplimiento
Según la circular, las instituciones contratantes deben garantizar la emisión y recepción de facturas electrónicas en el proceso de pago de bienes, servicios u obras públicas, conforme a lo dispuesto en la Ley 340-06 y la Ley 32-23. Además, en los pliegos deben figurar las condiciones sobre los mecanismos de pago y retención, asegurando el principio de economía y flexibilidad que establece la ley.
Competitividad regional y estándares internacionales
La adopción de la facturación electrónica en contrataciones públicas no solo responde a la necesidad de modernizar la gestión administrativa local, sino que también alinea la República Dominicana con estándares internacionales y prácticas recomendadas por organismos oficiales como la Dirección General de Contrataciones Públicas. Esta transformación promueve una competitividad fiscal que facilita la integración regional y reduce riesgos de corrupción o ineficiencia.
Retos y próximos pasos para proveedores
El proceso de adhesión al sistema de facturación electrónica en contrataciones públicas exige a las empresas cumplir requisitos tecnológicos y fiscales antes de emitir facturas válidas para el Estado. El sector privado debe avanzar en la adecuación de sus procesos internos y asegurar el cumplimiento de la normativa actual, como se explica en el análisis sobre digitalización fiscal de orgullodominicano.org.
Con la entrada en vigor de la facturación electrónica en contrataciones públicas, República Dominicana afianza su compromiso hacia la transparencia y eficiencia administrativa, consolidando un modelo moderno de gestión fiscal y pública acorde a las mejores prácticas internacionales.
