Una jueza federal en Washington, Ana Reyes, ha prohibido al gobierno de Estados Unidos poner fin al Estatus de Protección Temporal que protege a cerca de 350.000 haitianos. La decisión, tomada el lunes, concede una suspensión temporal mientras avanza una demanda contra la cancelación programada para el 3 de febrero. Este Estatus de Protección Temporal, conocido como TPS, permite a estos migrantes residir y trabajar legalmente en el país, aunque no ofrece camino a la ciudadanía.
Contexto de la crisis en Haití que activa el TPS
El Estatus de Protección Temporal se otorga cuando condiciones en países de origen como desastres naturales o inestabilidad política representan riesgos graves. Para Haití, activado en 2010 tras un devastador terremoto que dejó más de 200.000 muertos, se ha extendido múltiples veces. Hoy, la violencia de pandillas controla gran parte de Puerto Príncipe, desplazando a cientos de miles y causando hambrunas y muertes diarias, según reportes de la ONU.
Argumentos del gobierno y demandantes en la batalla legal
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, argumentó que las condiciones en Haití mejoraron con la llegada de una fuerza multinacional contra pandillas, y que extender el Estatus de Protección Temporal va contra el interés nacional. El Departamento de Seguridad Nacional rechazó acusaciones de animosidad racial, calificándolas de declaraciones fuera de contexto. En contraste, abogados de los beneficiarios advierten que sin TPS, estos haitianos enfrentarían muerte segura por violencia, enfermedades o hambre en su país.
Otras terminaciones de TPS afectadas por demandas
- 600.000 venezolanos, con procesos judiciales pendientes.
- 60.000 de Honduras, Nicaragua y Nepal.
- 160.000 ucranianos y miles de afganos y cameruneses.
Estas medidas forman parte de una política de deportaciones masivas. Históricamente, el TPS ha protegido a migrantes de desastres como el huracán Matthew en 2016, que agravó la pobreza haitiana al 60%, según el Banco Mundial.
La jueza Reyes evaluará si Noem ignoró el conflicto armado en Haití, requisito legal para revocar el Estatus de Protección Temporal. Esta suspensión mantiene la protección para los 350.000 haitianos, muchos con familias en Estados Unidos desde hace años, mientras el caso progresa. En República Dominicana, este fallo genera debate sobre flujos migratorios regionales ante la inestabilidad vecina.
El Estatus de Protección Temporal sigue siendo un salvavidas crucial para estos migrantes, equilibrando seguridad humanitaria y políticas fronterizas en un contexto de crisis prolongada en Haití.
