La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), a través de la sentencia SCJ-TS-26-0183, anuló una resolución previa que había desestimado un recurso contra el aumento salarial aprobado para el alcalde, vicealcaldesa y regidores de Villa Hermosa, provincia La Romana. Esta decisión abre la puerta a que se ordene la devolución de salarios cobrados ilegalmente, fondos públicos percibidos en aparente violación al artículo 140 de la Constitución dominicana.
Origen del conflicto municipal
Todo inició cuando el Concejo de Regidores del Ayuntamiento de Villa Hermosa aprobó la resolución 18/2024, incorporando un incremento salarial en el presupuesto de 2025. El abogado Wanchy Medina y Máximo Alburquerque Rivera impugnaron la medida, argumentando que los funcionarios electos no pueden autoaumentarse remuneraciones durante su período en curso. En contexto histórico, este artículo constitucional busca prevenir abusos en el uso de recursos públicos, un principio reforzado en fallos previos de la SCJ sobre casos similares en otros ayuntamientos.
Salarios cobrados ilegalmente: Omisión clave en sentencia inicial
Fallo de primera instancia y su reversión
En junio de 2025, la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de La Romana, bajo la presidencia del magistrado Abrahán N. Severino Saldívar, dictó la sentencia 1858-2025-SCIV-296. Declaró el recurso “inadmisible por carecer de objeto”, aceptando el argumento municipal de que el aumento ya se había revocado. Sin embargo, ignoró los salarios cobrados ilegalmente ya pagados, pese a la petición expresa de deducción y reintegro a las arcas públicas por parte de los recurrentes.
La SCJ casó esta decisión por falta de motivación y omisión de puntos esenciales, remitiendo el expediente a la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de La Romana para un nuevo juicio. Curiosamente, la jueza asignada ya ordenó en un caso análogo la devolución total de remuneraciones indebidas, lo que eleva expectativas de resolución similar.
Implicaciones para la gestión pública
Este precedente de la SCJ subraya que actos administrativos inconstitucionales no se corrigen solo prospectivamente; deben subsanarse sus efectos económicos pasados. En República Dominicana, casos análogos en municipios como San Francisco de Macorís han derivado en reintegros millonarios, según reportes judiciales recientes. Analistas legales destacan que fortalece la fiscalización de presupuestos municipales, evitando dilapitación de fondos destinados a servicios comunitarios.
- Puntos clave del fallo: Anulación por omisión en devolución de excedentes.
- Remisión a nueva sala con jueza de trayectoria favorable a reintegros.
- Reafirmación constitucional contra autoaumentos.
El próximo juicio definirá si el alcalde y regidores de Villa Hermosa enfrentan la obligación de restituir los salarios cobrados ilegalmente, marcando un hito en la accountability municipal dominicana.
