Grace Fernández, empresaria dominicana y defensora comunitaria, formuló una denuncia pública sobre un presunto sistema coordinado de despojo de propiedades que, según su investigación, afectaría a familias trabajadoras y sectores vulnerables en Nueva York y Nueva Jersey. La denunciante asegura que los casos responden a un patrón organizado, no a situaciones aisladas, involucrando mecanismos legales y financieros que vulnerarían viviendas, negocios, iglesias y patrimonios de comunidades inmigrantes.
Patrón sistemático de abuso judicial documentado
Según los testimonios recopilados, el abuso judicial operaría mediante litigios coordinados, sentencias en rebeldía controvertidas, presión financiera mediante anticipos de efectivo, bloqueos de refinanciamiento y acoso legal contra propietarios que intenten defender sus bienes. Fernández explicó que muchas víctimas desconocen estos mecanismos hasta enfrentar demandas, bloqueos bancarios, deterioro crediticio o riesgo de ejecución hipotecaria sobre propiedades adquiridas durante décadas.
La denunciante enfatizó que el despojo de propiedades constituye un ciclo de violencia económica: primero se pierden los activos, luego viene el colapso financiero y finalmente ataques a la reputación de las víctimas. Entre los sectores más vulnerables identifica ancianos, iglesias, pequeños empresarios y familias inmigrantes que desconocen cómo funcionan los procesos judicales estadounidenses.
Investigación del proyecto Stolen City
Caso específico en Trenton, Nueva Jersey
El caso más documentado involucra la propiedad ubicada en 1 West Lafayette Street, Trenton. Bajo el docket número MER-L-2220-23 ante el Tribunal Superior de Nueva Jersey, División de Derecho, Condado de Mercer, se ventilan disputas sobre títulos de propiedad, gravámenes y preservación de activos inmobiliarios. La controversia se identifica como Expo Italia, Inc. v. LW Trenton II LLC y otras partes.
Testimonios de intimidación y represalias
Fernández reveló haber sido objeto de intimidación, ataques reputacionales y presión económica tras hacer públicas sus denuncias sobre estos mecanismos. Afirmó que intentaron despojarla de su casa, negocio y credibilidad, acciones que interpretó como represalias por visibilizar lo que considera un sistema de abuso judicial coordinado. Su persistencia en documentar estos casos mediante el proyecto investigativo Stolen City la ha expuesto a amenazas.
Llamado a autoridades e instituciones
La empresaria solicitó explícitamente intervención de autoridades estatales y federales, fiscalías especializadas, defensores de vivienda, organizaciones de derechos civiles, periodistas de investigación y legisladores. Invocó los principios de debido proceso e igualdad ante la ley contenidos en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución estadounidense como marco jurídico para exigir investigaciones sobre patrones de fraude inmobiliario y abuso judicial sistémico.
Para contactar a los representantes legales, Fernández proporcionó información de Anna M. Lascurain y Michael Steward del despacho Peri Stewart Malia, en representación de Edison Holdings LLC y Expo Italia Inc.
La denuncia representa un desafío directo a las instituciones estadounidenses para que examinen cómo mecanismos legales pueden utilizarse como instrumentos de despojo de propiedades contra poblaciones inmigrantes. La cuestión de fondo trasciende casos individuales: cuestiona si existe protección efectiva del patrimonio familiar comunitario cuando las víctimas carecen de recursos económicos o comprensión de sistemas judicales complejos.
