Conflictos mineros dominan el nuevo mapa de riesgo social en Perú, con 199 casos activos reportados por el 37º Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú del segundo semestre de 2025, según la presentación realizada en Lima. Conflictos mineros explotan tensiones entre minería ilegal y formal y señalan una creciente pérdida de soberanía estatal en áreas amazónicas controladas por grupos criminales.
Expansión de la minería ilegal
El informe identifica la Amazonía como epicentro de una conflictividad cada vez más intensa donde la minería ilegal se extiende en zonas remotas con baja visibilidad mediática, afectando comunidades indígenas y rurales. Conflictos mineros adoptan formas violentas: desplazamientos forzados, coacción a pobladores y marcaje de viviendas por bandas que consolidan economías ilícitas en el territorio.
Actores y control territorial
Según la investigación, grupos como Los Pulpos y Los Choneros operan en la frontera con Ecuador, el Comando Vermelho en la frontera con Brasil y el Comando de la Frontera junto a la zona limítrofe con Colombia; estas organizaciones controlan circuitos completos de economías ilegales y agravan los conflictos mineros.
Choque entre minerías y brecha normativa
El documento registra además un choque inédito entre minería ilegal y gran minería formal por el control territorial y la competencia de recursos, mientras comunidades campesinas asumen actividades extractivas con el argumento de generar empleo local. En paralelo, la discusión pública se concentra en la Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE), aunque expertos exigen una actualización integral de la Ley General de Minería, vigente hace más de 30 años.
Respuesta institucional y vacíos
Mientras se hacía la presentación, el Congreso ratificó una nueva ampliación por un año del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), un padrón cuya vigencia debía haber concluido en 2016; para los analistas, esa medida refleja la ausencia de un plan de acción eficaz frente a los conflictos mineros y la expansión ilegal.
Impacto social y político
El exviceministro del Ambiente José de Echave advirtió que la minería ilegal se ha convertido en un poder económico y político con capacidad de influencia en regiones y potencial efecto en la agenda electoral de 2026, lo que añade presión sobre las instituciones públicas.
Datos clave: el Observatorio reporta 199 conflictos activos en el periodo, con concentración creciente en la zona norte y la Amazonía; las dinámicas combinan control territorial por bandas, participación directa de comunidades en la extracción ilegal y fricciones con la gran minería formal, todo en un contexto de normativa desactualizada y escasas respuestas estatales ante los conflictos mineros.
La evolución de estos fenómenos marcará la gobernabilidad territorial y la protección de derechos en la Amazonía, mientras persisten dudas sobre la capacidad estatal para recuperar la soberanía y regular eficazmente las actividades extractivas.
